La ley del Patrimonio Artístico

Aunque la opinión pública no se encuentre muy sensibilizada a este respecto, nuestro país se está jugando en estas semanas la supervivencia de todos los vestigios que constituyen su tradición y su pasado en el debate parlamentario sobre el proyecto de ley del Patrimonio Histórico, que debe decantar en una norma que habrá de ser el instrumento jurídico de protección de los más evidentes signos de identidad de España y de los españoles. ( ... )Resulta sorprendente el escasísimo eco que el proceso legislativo ha encontrado en los mentideros políticos y en los medios de comunicación. Bien es verdad que la lectura de los Diarios de Sesiones demuestra que quienes han debatido la cuestión no tenían, en la mayoría de los casos, un conocimiento profundo de lo que se traían entre manos. Igualmente ha quedado en claro que los nacionalistas catalanes y vascos, representantes de comunicados que han sido ejemplares en la protección de este patrimonio, no han exhibido ahora más preocupación que la hubiera sido más constructiva una definición de estos grupos sobre el fondo de la ley en debate, y no sobre detalles marginales.

En su actual fase de redacción el texto de la ley del patrimonio es una versión evolucionada de los borradores que elaboró UCD, mejorados en algunos aspectos ( ... ) y empeorados en algunos otros. ( ... )

El ministro Solana, por su parte, ha afirmado su voluntad de otorgar a la ley en elaboración el mayor consenso posible. ( ... )

Compartimos la tesis del titular del departamento de Cultura cuando dice que, en lo tocante a los bienes de carácter histórico y relevancia artística, lo importante no es tanto la cuestión de la propiedad cuanto la de su utilización Pero también tiene razón la oposición conservadora en su crítica de los fallos evidentes que presenta la ley en muchos aspectos: junto a la mala calidad técnica del proyecto en su redacción actual, atribuye con frecuencia a la Administración unos poderes discrecionales que no tienen la contrapartida de unas exigencias -de actuación por parte del Estado; asimismo, la norma es poco realista y casi imposible de cumplir en lo que respecta a los bienes muebles, documentación histórica y libros. Así por ejemplo, todos los objetos de más de 100 años deberán ser inventariados, sin distinguir entre un Goya, una edición mediocre de un libro de 1884 o unas vinagreras... Aun suponiendo que fuera posible tal dislate, no queremos pensar en la burocracia que tal pretensión generaría. Como siempre, al Estado español le parece gustar, en materia cultural, mezclar la incuria con la megalomanía. Y algo parecido sucede en lo tocante a las medidas de fomento: el Estado debiera abandonar sus suspicacias en este terreno respecto de la iniciativa privada.

, 3 de junio