Un juez denuncia ilegalidades policiales sobre detenciones, registros y escuchas telefónicas

El titular del juzgado de instrucción número 12 de Madrid, Jesús Peces, ha denunciado ante el ministro del Interior, el presidente y el fiscal-jefe de la Audiencia Territorial y el juez decano de Madrid una serie de irregularidades cometidas por funcionarios policiales que violan la Constitución y las leyes en materia de detenciones y puesta a disposición judicial, registros domiciliarios y escuchas telefónicas. Los policías que fueron advertidos de las ilegalidades cometidas comunicaron que cumplían órdenes superiores.

Este juez ha dado traslado a las autoridades citadas del escrito dirigido al jefe superior de Policía de Madrid, "con la finalidad de conseguir el exacto cumplimiento de la Constitución y de las leyes, en garantía de los derechos de los ciudadanos".Como primera denuncia de su escrito, Peces detalla que el pasado 21 de mayo funcionarios de la Brigada Regional de Policía Judicial le solicitaron un mandamiento de entrada y registro en el domicilio sito en la calle Gran Capitán, 28, escalera izquierda, 22 A, para proceder a la intervención de sustancias estupefacientes a Armando Sanvicente Sanjosé, que se encontraba detenido y a quien se había ocupado heroína en el vehículo de su propiedad. Peces, que ese día se encontraba de guardia, libró el mandamiento requerido.

Ulteriormente -continua el relato de Peces-, desde la mencionada brigada policial comunicaron que el domicilio indicado estaba situado en la ciudad de Móstoles y no correspondía a Armando Sanvicente, sino a Armando Gómez. Conminada a la devolución inmediata del mandamiento de registro, dado que la jurisdicción de Madrid no puede extenderse a Móstoles, la brigada lo devolvió, con la indicación de que no había sido necesaria su utilización, por haber prestado el detenido su consentimiento al registro.

Ante las irregularidades observadas, el juez investigó y tuvo conocimiento de que la detención se había producido en el término de Alcobendas, por lo que hizo saber a los policías que "se habían cometido dos ilegalidades": trasladar a un detenido de un término judicial a otro, sin autorización del juez, y solicitar un mandamiento de entrada y registro para un domicilio situado en un término municipal fuera de la jurisdicción del juez de quién se interesa.

Órdenes superiores

Advirtió que, en ambos casos, la policía había violado el derecho al juez ordinario o del lugar, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución y en varios preceptos de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que detallaba. Los funcionarios policiales manifestaron -prosigue el relato judicial- que "en virtud de circulares recibidas de sus superiores, de la Fiscalía General del Estado y comunicación del Consejo General del Poder Judicial, era práctica habitual que, aún deteniendo a una persona en un partido judicial, fuese trasladada por la policía, en calidad de detenida, a otro partido judicial bajo la jurisdicción de otro juez". En cuanto a la solicitud de mandamiento judicial, dijeron que "se había debido a un error, al ignorar que la localidad de Móstoles no pertenecía al partido judicial de Madrid".Peces recoge en su escrito otros hechos similares observados, como la puesta a disposición de su juzgado, el pasado 6 de marzo, de varias personas detenidas en la localidad de Arganda del Rey, perteneciente al partido judicial de Aranjuez, contraviniendo los mismos preceptos.

Asimismo, expone que "se ha podido comprobar que las solicitudes de intervención telefónica se han formulado por parte de los correspondientes servicios policiales para teléfonos de domicilios no situados en el partido judicial de Madrid". Al hacer la solicitud expresando sólo un número de teléfono de siete cifras y el nombre de la calle, sin indicar el municipio, se presume obviamente que se trata de domicilios y teléfonos de la capital.