El Gobierno regional ordena la paralización de las obras de 68 chales en Boadilla

La Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid ha confirmado la existencia de "infracciones urbanísticas manifiestas y graves" en el término de Boadilla del Monte (Madrid), y ha ordenado al ayuntamiento de esta localidad que paralice las obras de chalés en la urbanización Valdepastores, iniciadas con licencias concedidas indebidamente por ese ayuntamiento.En el pleno ordinario de la corporación municipal de Boadilla celebrado ayer, el asunto se trató fuera del orden del día y con carácter de urgencia. A propuesta de la alcaldesa y vicepresidenta regional de AP de Madrid, Matilde Múgica, se aprobó no aceptar la orden de paralición de las obras y endosar esta responsabilidad a la Consejería de Ordenación del Territorio. Se abstuvieron en la votación los tres concejales socialistas, los dos independientes y el delegado de Urbanismo, de AP.

La consejería regional comunicó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte el miércoles pasado el resultado de algunas de las inspecciones realizadas durante las últimas semanas (ver EL PAÍS del 22 de mayo pasado). La consejería confirma como "infracción manifiesta y grave" algunas de las presuntas irregularidades objeto de preocupación entre diversos sectores de la población de Boadilla del Monte. La alcaldesa afirmó públicamente en días pasados que todas las actuaciones eran legales.

La consejería ha ordenado la paralización de las obras de 68 chalés del polígono número 8 de Valdepastores, cuyas licencias fueron concedidas por el ayuntamiento en marzo de 1983, en contra de los informes técnicos y jurídicos municipales. Este polígono estaba calificado para otro uso en el plan parcial en vigor, según el escrito del consejero, Eduardo Mangada.

Además, la consejería estudia otras presuntas irregularidades. Próximamente se evaluará la autorización para construir otros 148 chalés en el polígono de Valdepastores, cuyas licencias municipales se concedieron en octubre de 1983.

La alcaldesa justificó ayer su rechazo a que el ayuntamiento ejecute la paralización de obras, en base a que "esas licencias eran conocidas por el gobernador civil y la Comunidad de Madrid desde hace un año. Podían haberse pronunciado antes, no cuando casi se han cubierto aguas en los chalés".