Renace el debate sobre la fusión de las cajas de ahorro canarias

El debate sobre la posible fusión de las cajas de ahorro canarias ha tomado nuevo cuerpo, una vez que el Gobierno autónomo ha asumido las competencias ejercidas hasta ahora por el Banco de España sobre las dos entidades que operan en el archipiélago. Se trata de la Caja de Ahorros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con sede en la provincia de Las Palmas, y la Caja General de Ahorros de Canarias, resultado de la fusión reciente entre la caja de La Palma y la de Tenerife.En los círculos políticos y financieros de las dos provincias se espera la publicación de un primer decreto del Ejecutivo canario para regular el régimen de funcionamiento de estas entidades. Si bien lo consideran en principio beneficioso, hay ciertas reticencias en detalles de su contenido, así como en la idea de impulsar a largo plazo una sola caja regional de ahorros.

En las cajas, la unificación no parece factible sino en un futuro muy lejano. En la actualidad existe un contencioso entre ambas por el hecho de que la fusión de Tenerife y La Palma adoptara la denominación de Caja General de Ahorros de Canarias, lo que lleva implícito el título de la región y cuyo nombre fue propuesto y rechazado anteriormente para la caja de la provincia de Las Palmas.

Pero en lo que sí coinciden el Gobierno canario y la dirección de las cajas es en que con este decreto se podrá evitar el drenaje de recursos canarios hacia otras inversiones en títulos de hidroeléctricas nacionales u otras empresas radicadas fuera de las islas. El nuevo marco jurídico califica dentro de los coeficientes de inversión obligatoria las inversiones en títulos de renta fija en las empresas eléctricas de Canarias, Sociedad para el Desarrollo Industrial de Canarias (Sodican) y los títulos del Instituto Nacional de Industria (INI) cuando se destinen a inversiones en el archipiélago, así como las emisiones de deuda pública por parte de la Comunidad Autónoma o las corporaciones locales canarias.

El Gobierno canario pretende que un mayor porcentaje de los fondos generados por las cajas se dirija a potenciar el desarrollo de la región, evitando así lo que hasta ahora estas entidades se han visto obligadas a realizar debido a la poca actividad inversora que el Estado tiene en el archipiélago. Las cajas canarias, con un pasivo que supera los 130.000 millones de pesetas, podrán suscribir la déuda pública que emita el Ejecutivo autónomo, y los nuevos valores computables servirán para evitar ese gran porcentaje de inversiones que las cajas financiaban en actividades fuera de las siete islas. Prácticamente, sólo la emisión de Unión Eléctrica de Canarias (Unelca) era un valor computable, aunque ya se realizaban combinaciones con otras cajas de la Península, cuya financiación revertiría después en el desarrollo regional.