El poder judicial sobreseyó el expediente abierto a cuatro jueces de San Sebastián

La Sección Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial adoptó por unanimidad el acuerdo mediante el que ha sobreseído el expediente iniciado contra cuatro magistrados de la Junta de Jueces de San Sebastián. En la decisión final influyó notablemente el contenido del pliego dé descargos, a la vista de cuyos argumentos y de la evidente falta de toda intención de censurar '"no se podía sancionar a estos compañeros", según manifestó a EL PAIS Jerónimo Garvín, uno de los miembros de la sección.

El expediente fue abierto a los magistrados Joaquín Navarro, Estevan, José Luis Barragán, José María Gómez Díaz Castroviejo y Luis Blánquez, por un acuerdo de la Junta de Jueces de San Sebastián de 9 de noviembre de 1983 y por la publicación en la prensa del acta del citado acuerdo.El texto que fue facilitado a los medios de comunicación ponía de manifiesto la falta de colaboración de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de persecución de las torturas y malos tratos, y criticaba la ley de hábeas corpus.

El instructor del expediente, Santiago Bazarra, propuso a la sección disciplinaria imponer a los magistrados una sanción leve, propuesta que fue estudiada el pasado viernes.

El parecer general de los miembros de la sección disciplinaria era no imponer ninguna sanción, aunque algunos de ellos se mostraron partidarios de elevar la propuesta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles, para que fuera él quien decidiese.

Sin embargo, en la reunión celebrada el pasado lunes, día 21 de mayo, prevaleció el criterio de la mayoría, y el acuerdo de sobreseer el expediente fue adoptado por unanimidad de los cinco miembros de la sección disciplinaria: el presidente, Rafael Gimeno Gamarra, Fernando García-Mon, Rafael Martínez Emperador, Jerónimo Garvín y Agustín Aizparren (este último, en sustitución de Gonzalo Casado, ausente por enfermedad).

Garvín no quiso revelar en qué sentido se alinearon los cinco miembros de la sección durante los debates sobre el expediente.

A este respecto, señaló: "Diferencias entre nosotros han existido; de lo contrario, no se hubiera abierto expediente".

Críticas al Gobierno

Garvín aseguró también que a la vista, sobre todo, del pliego de descargos, la conveniencia de sobreseer era clara, ya que por una parte, en cuanto a la filtración a la Prensa de los acuerdos, "existe una imposibilidad material de determinar el autor de la publicación del acta", y por otra, en las alegaciones de los expedientados "no se observa intención de censurar, y sin dolo no puede producirse sanción".El pliego de descargos remitido por los expedientados, al margen de las consideraciones sobre la no constitucionalidad del decreto regulador de las juntas de jueces, señalaba que uno de los motivos del expediente eran las críticas realizadas a la ley de hábeas corpus, por impedir o dificultar la jurisdicción del juez natural en algunos casos como los de detenidos a los que se les aplica la ley Antiterrorista.

Recordaban los expedientados que, en cambio, cuando la Junta de Jueces de San Sebastián criticó el incumplimiento por parte del Gobierno de la ley de Retribuciones al personal al servicio del poder judicial, el Consejo General mostró su "honor y satisfacción" por dicho acuerdo.

Testimonio del ministro

Entre las pruebas propuestas por los expedientados figuraba el testimonio del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, para que calificara si los acuerdos que se le remitieron criticando la ley de hábeas corpus. los había estimado como crítica o censura a su persona o al Gobierno.Esta prueba, como el testimonio del presidente de la Audiencia Provincial y el de un agente judicial, así como una serie de pruebas documentales fueron denegadas por el instructor, que propuso sanción leve contra los magistrados.

Se da la coincidencia de que en 1978, durante la etapa en que el actual presidente de la junta de jueces de San Sebastián, Joaquín Navarro, fue senador socialista, formuló una interpelación al entonces ministro de Justicia, Landelino Lavilla, sobre la sanción disciplinaria impuesta por el fiscal general del Estado, Juan Manuel Fanjul, al fiscal José Vicente Chamorro, por intervenir, sin su autorización, en un programa de televisión. La sanción quedó sin efecto.

Una reciente interpelación parlamentaria del diputado Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, contra el expediente abierto a los cuatro jueces de San Sebastián no ha sido tramitada todavía por la Cámara Baja.