En los cuernos de la OTAN

LAS DECLARACIONES realizadas por el presidente del Gobierno durante su último viaje a propósito de la participación española en la defensa occidental ofrecen el grado de hermetismo necesario para. desalentar conclusiones rotundas sobre algunos puntos clave (fecha exacta del referéndum sobre la OTAN, contenido preciso de la consulta, posición inequívoca del PSOE) y los guiños suficientes para que nadie se llame a engaño acerca del propósito del Poder Ejecutivo de permanecer en el seno de la Alianza Atlántica.La hipótesis de que el Gobierno de Felipe González no desea en manera alguna que España se desenganche de esa Alianza Atlántica en la que entró a mediados de 1982, descansa sobre convincentes argumentos. Si su propósito hubiera sido otro, el referéndum habría sido convocado, con la explícita apuesta del Gobierno a favor de la salida de la OTAN, antes de que la euforia poselectoral del 28-O se enfriara. Todo hace suponer que algunas. realidades que sólo el ejercicio del poder permite conocer han aconsejado a los socialistas la modificación de sus puntos de vista sobre la vinculación de España con la Alianza Atlántica. Porque el dilema con que se enfrenta el Gobierno no es entrar en la Alianza Atlántica o mantenerse fuera de su ámbito, sino permanecer en su seno o propiciar la salida.

En relación con el estado actual internacional, la salida de España -pese a la confusión en que quiere desenvolverse el Gobierno- de la Alianza Atlántica, a la que pertenece de pleno derecho -política y militarmente podría encerrar, sin duda, determinados riesgos, toda vez que implica la modificación de unas relaciones de fuerza ya establecidas en el tablero mundial. El cálculo -discutible- según el cual nuestra permanencia en la OTAN sería un arma negociadora para conseguir otros objetivos internacionales -como el ingreso en la CEE o, acuerdos honorables con el Reino Unido sobre Gibraltar-, también puede pesar en los platillos de la balanza. El temor a que la salida de España de la Alianza Atlántica pudiera promover una presión militar marroquí sobre Ceuta y Melilla, alentada por Washington, e incluso tentativas desestabilizadoras dentro de nuestras fronteras, es también una preocupación del Gobierno. Finalmente, no tiene sentido salirse de la OTAN y mantener la existencia de bases estadounidenses en nuestro territorio.

Cada vez parece más evidente así que el Gobierno socialista no quiere o no puede proponer a los españoles el abandono de la Alianza Atlántica. Pero los problemas derivados de ese viraje no se limitan a una estéril discusión acerca de las discrepancias entre la nueva posición del poder ejecutivo y las tesis defendidas por los socialistas en la oposición. Los Gobiernos y los partidos tienen derecho a modificar sus puntos de vista, siempre que expliquen las razones de su decisión y que sus giros no impliquen un fraude al electorado. Las complicaciones para los socialistas derivan fundamentalmente de que su compromiso de convocar un referéndum "para que sea el pueblo español el que decida acerca de nuestra pertenencia a la OTAN" entra en conflicto con el hecho de que -como demuestran los sondeos de opinión- las actitudes anti-OTAN de la sociedad española comenzaron a ser mayoritarias a partir de mediados de 1981. Dado que las bases del PSOE comparten en buena medida esa posición de rechazo, el Gobierno socialista, si está resuelto como parece a permanecer en la Alianza Atlántica, no podría convocar a los ciudadanos a las urnas hasta lograr que el próximo Congreso del PSOE respaldase sus tesis y hasta estar seguro de que la sociedad española le acompañaría en su viraje. Por lo demás, el Gobierno no tiene completa libertad para fijar la fecha del referéndum sobre la OTAN. El artículo 4 de la ley reguladora de las modalidades de referéndum prohíbe la celebración de esas consultas en el período comprendido. entre los 90 días anteriores y los 90 días posteriores a la fecha de celebración de elecciones generales o locales. Los comicios gallegos, en el otoño de 1985, y las elecciones andaluzas, en la primavera de 1986, parecen acotar el primer semestre de 1985 como único lapso de tiempo disponible en esta legislatura.

La complejidad de la situación explica los equívocos y las ambigüedades del Gobierno, así como el largo plazo de tiempo que se ha tomado para ir descabalgando de la montura. El presidente González se encuentra en los cuernos del dilema: si no convoca el referéndum, incumple un serio compromiso electoral; pero si lo convoca en las actuales circunstancias, la respuesta popular sería adversa a sus posiciones. La única salida correcta a este dilema sería un cambio de las actitudes de los españoles en torno a la OTAN, en consonancia con las opiniones gubernamentales. Esa transformación depende, en buena medida, de la capacidad del presidente para convencer a los militantes socialistas y a sus bases electorales de la conveniencia o de la necesidad de permanecer en la Alianza Atlántica. Tal empresa encierra un evidente peligro de desgaste para Felipe González, que podría encontrar serias resistencias sociales a sus propuestas. En ese contexto, el Gobierno podría estar tentado de evitar ese dilema mediante la disolución anticipada de las Cortes Generales y tratar de rentabilizar, en unas elecciones, el aliento europeo que puede producir en España nuestro probable ingreso en la CEE.