La encrucijada electoral

Las primeras elecciones presidenciales celebradas en Panamá luego de 16 años de monopolio gubernamental por las fuerzas armadas han servido de escenario para lo que podría ser calificado como uno de los últimos actos de la farsa y el primero del drama que le tocará vivir al pueblo panameño.Inmerso en una crisis económica cuyas manifestaciones sociales no terminan de expresarse debido al férreo control político ejercido por los militares en su papel de juez y parte de la vida nacional, el pueblo panameño concurrió a las urnas bajo un clima de desconfianza y de no credibilidad en los planteamientos formulados por los dos candidatos que polarizaron la campaña electoral, pero deseoso de encontrar un camino que le alejase de la incertidumbre. En efecto, a pesar de la participación de 14 partidos -que representaban, a través de siete candidatos presidenciales, distintas tendencias del espectro político-, el candidato de los sectores del oficialismo, Nicolás Ardito Barletta, y el de la alianza oposicionista, Arnulfo Arias Madrid, efectuaron un activo proselitismo durante los últimos tres meses, logrando evadir planteamientos serios y programáticos desde los problemas nacionales e internacionales.

La corrupción política gubernamental alcanzó su máxima expresión, durante el proceso electoral, a través del abierto control de los medios de comunicación y de la parcialización oficial a favor de su candidato, y en la notoria utilización de los bienes y dineros del Estado para poder consumar un fraude electoral que hoy llena de bochorno y vergüenza a todos aquellos que buscaban una salida civilizada y democrática para el único país del istmo centroamericano que no ha desembocado aún en la violencia fratricida.

La candidatura oposicionista encontró en las aspiraciones de cambio de las mayorías ciudadanas, más que en la figura de su octogenario dirigente, el caudal de votos necesario para contrarrestar al candidato de los cuarteles. Sin embargo, ello no bastó para impedir o contener los delitos electorales y la abierta injerencia de grupos militares y paramilitares con el claro propósito de alterar aún más el resultado de las urnas por medio de acciones cuyo grado de violencia ha ocasionado con anterioridad pavorosos estragos en otras latitudes.

El afán egoista de consolidar intereses predominó durante la contienda electoral, para lo cual los dos principales adversarios estaban de antemano de acuerdo en las reglas. Para unos resultaba indispensable mantenerse en el poder y lograr así ocultar la interminable ola de corrupción y usurpación del poder. Para los otros era necesaria la conquista del poder político para satisfacer sus ambiciones. La lucha por la instauración de un régimen democrático cedió su lugar a la incapacidad de unos dirigentes políticos de poder aportar cambios y soluciones a un pueblo desconcertado por la farsa política que lo pretendió engañar. Evaluar los momentos que vive la sociedad panameña sin tomar en cuenta la situación imperante en el área centroamericana y la función acordada por el Gobierno estadounidense a la posición geopolítica del país que alberga el canal nos llevaría a no lograr comprender cómo cada vez más. se busca lograr que Panamá sea no un Estado que tiene un ejército, sino un ejército que controla al Estado y que se encamina a hacer de nuestro país, en primera instancia, una base militar, y en segunda instancia, un lugar donde vive gente.

Panamá ha entrado en una fase en la cual los militares, dedicados a tiempo completo a continuar imponiendo la voluntad de un general contra la voluntad general, olvidan por completo que a la decepción y a la frustración suelen seguir el odio y la rebelión.

Miguel Antonio Bernal es catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público de la Universidad de Panamá. Candidato del Partido de Acción Popular (PAPO), de tendencia socialdemócrata, en las últimas elecciones.