La resolución sobre la vuelta de profesores, españoles en la emigración no se ajusta a derecho, según representantes de los afectados

Representantes de profesores españoles en la emigración, afectados por la reciente resolución de la Administración, que obliga a 260 de ellos a volver a España el próximo mes de agosto si quieren conservar su puesto de trabajo, señalaron ayer la incongruencia administrativa de la postura oficial, a la vez que denunciaban que se encuentra en juego el futuro de la enseñanza en la emigración.Los profesores, procedentes de diversos países europeos, afirmaron que la decisión gubernamental, además de no ajustarse a derecho, ha sido tomada sin consultar a las centrales sindicales y sin que exista una regulación general de los profesores en el exterior. Rechazaron las tres razones que, en su opinión, han sido esgrimidas por la Administración para justificar la resistencia a la vuelta de los profesores -los elevados sueldos que cobran, el hecho de que conocían su obligada vuelta a España por los términos de su contrato y la falta de contacto con la realidad española, que implica una larga estancia en el extranjero-, y afirmaron también que se oponen a su vuelta por motivos tanto jurídicos como pedagógicos y humanos.

Representantes dé los sindicatos FETE-UGT, CC OO y de la Coordinadora de Profesores en la Emigración responsabilizaron de la situación a "altos responsables" de los ministerios que integran la Junta de Promoción Educativa para los Emigrantes, dependiente del Instituto Español de Emigración (Educación y Ciencia, Trabajo y Seguridad Social y Asuntos Exteriores). Expresaron su opinión de que los máximos responsables de los departamentos no han sido informados de la trascendencia de la medida, que se empezó a gestar ya en 1978.

La resolución comunicada a 260 profesores que imparten clases complementarias de Lengua y Cultura Españolas dentro del sistema escolar del país de que se trate indica que han cumplido ya los seis años previstos en su situación de comisión de servicios. Los profesores argumentan que ninguno de ellos se encontraba en esta situación hasta 1981, en que se estableció por decisión ministerial. En aquel momento se les prometió que no les afectaría laboralmente, por lo que no elevaron recurso alguno.

La resolución, que lleva fecha de 29 de diciembre de 1983, establece el principio de rotación del profesorado dependiente de la Junta de Promoción Educativa para los Emigrantes, y afecta a los propietarios provisionales de plaza, aunque no a los propietarios definitivos ni a los interinos.

Muchos años en el extranjero

Los representantes de los profesores señalaron que el hecho de que lleven muchos años en el extranjero -algunos de ellos son hijos de emigrantes- les capacita mejor que a españoles recién llegados a los respectivos países para entender los problemas educativos de los emigrantes. Recuerdan en este aspecto las recomendaciones del Consejo de Europa de que la educación en la cultura de las minorías esté encomendada a los miembros de las mismas criados y formados en los países de acogida. Los profesores afirmaron estar orgullosos de ser emigrantes y no estar dispuestos a realizar una "segunda emigración" forzada, esta vez hacia España.