El uso del catalán progresa despacio en un proceso de pacto y polémica entre partidos
El 6 de abril de 1983, casi tres años y medio después del inicio de los trabajos legislativos, el Parlamento de Cataluña aprobaba la Ley de Normalización Lingüística por unanimidad (hubo una abstención). A partir del marco definido por este texto, la Generalitat -en colaboración con los municipios, las diputaciones provinciales y la Administración central- debía desarrollar la cooficialidad lingüística.De hecho, la normalización lingüística de Cataluña había comenzado con la transición política. Un decreto-ley de las postrimerías del franquismo (octubre de 1975) levantaba la prohibición de enseñar otra lengua que no fuera el castellano.
La multiplicidad de instituciones empeñadas en una tarea de catalanización lingüística y la falta de una normativa y una supervisión globalizadoras determinaban una normalización lingüística dispersa. El artículo 3 de la Constitución, al tiempo que establecía el idioma castellano como lengua oficial del estado, sancionaba también la oficialidad de "las otras lenguas españolas" en "las respectivas comunidades, de acuerdo con los Estatutos de Autonomía".
Desde el establecimiento de la Generalitat provisional, a finales de 1977, y a partir de las primeras transferencias de servicios, se habían iniciado las actividades de organismos como el Servei d'Ensenyament de Catalá (SEDEC), dependiente del Departamento de Educación. Estas actividades se multiplicaron a lo largo de la gestión de la Generalitat provisional. La política unitaria -o, cuando menos, pactada- presidió las actuaciones en esta primera fase. Posteriormente, a partir de las primeras elecciones municipales democráticas de 1979, algunos ayuntamientos pusieron en marcha sus propias medidas de catalanización.
Las elecciones al Parlamento de Cataluña de abril de 1980 y el advenimiento de la Generalitat constitucional permitieron abordar la normalización lingüística a nivel legislativo. Uno de los primeros pasos fue la creación de la Dirección General de Política Lingüística (mediante un decreto de 23 de junio de 1980) y el inicio de gestiones para elaborar un proyecto de ley de normalización lingüística.
Uso general
La Dirección General de Política Lingüística se estructuró en tres secciones, el Servicio de Normalización del Uso Oficial de la Lengua Catalana, el Servicio de Asesoramiento Lingüístico y el Instituto de Sociolingüística Catalana. Cada uno de estos tres servicios, bajo la autoridad de un director general (cargo para el que fue nombrada la lingüista y pedagoga Aïna Moll), tenía misiones específicas: el Servicio de Normalización debía coordinar todos los esfuerzos para introducir el uso del catalán en las instituciones catalanas, tanto las dependientes de la Generalitat, como los municipios y los organismos de la administración central.
El Servicio de Asesoramiento Lingüístico debía actuar en coordinación con las demás instituciones para racionalizar y patrocinar parcialmente los programas de enseñanza del catalán, tanto la enseñanza para niños y jóvenes como los cursos especiales parar adultos en sus dos vertientes de cursos para catalanohablantes y cursos para castellanohablantes.
La cuestión de la lengua como factor de discriminación fue y es uno de los puntos álgidos del debate lingüístico en Cataluña. Por un lado, existe el debate entre quienes consideran que la misión de la Generalitat y de las instituciones catalanas debe ser la de dar contenido a la Constitución, al Estatut y a la Ley de Normalización creando las condiciones que permitan una cooficialidad real y los que piensan que la Generalitat debe concentrarse sobre todo en una política monolingüista que tenga como objetivo lograr para el
catalán una situación hegemónica en su comunidad autónoma.
Convergencia i Unió y otros sectores nacionalistas acusan a la izquierda -muy principalmente a los socialistas- de haber frenado la normalización lingüística respondiendo a la estrategia política de sus partidos a nivel estatal.
E1 proceso de gestación de la Ley de Normalización lingüística -por cuya demora se acusan mutuamente socialistas y convergentes- ha transcurrido correctamente, y casi todos están de acuerdo en que la demora que implicó su envío al Consell Consultiu de la Generalitat en abril de 1982 permitió pulir y mejorar considerablemente el texto legal.
