La cultura, el escaparate mas espectacular de la gestión de Pujol

Uno de los escaparates mas vistosos de la acción de gobierno del Gabinete de Jordi Pujol ha sido el cutural. La tarea desarrollada es ciertamente vastísima, y se corresponde al volumen de traspasos en el ámbito cultural, en el que la Generalitat tiene competencias exclusivas. Destaca la labor desarrollada en el terreno de la normalización de la lengua catalana, gracias fundamentalmente al consenso existente. Este hecho no ha impedido, sin embargo, que se hayan producido diversas actuaciones de discriminación . El presupuesto de Cultura de la Generalitat, que oscila entre el 1,43% en 1980 y el 1,39 % del último ejercicio, es proporcionalmente mayor al departamento de la Administración central.

La orientación del Departamento de Cultura se ha ceñido con fidelidad a la escasa definición del programa electoral presentado por CiU en 1980: creación de infraestructura cultural, recuperación de la propia identidad catalana y una genérica promoción cultural en todos los ámbitos. Fer coses, hacer cosas, ha sido el eje central de esta política, en continuidad con la actividad del pujolismo más o menos difuso de las instituciones creadas ya durante el franquismo bajo la consigna de fer país. El propio departamento se ha constituido en una institucionalización de las sociedades y entidades construidas por el voluntarismo del catalanismo de la resistencia. Para esta tarea, Pujol fue a buscar a Max Cahner, uno de los personajes más distinguidos en esta actividad. La elección contaba con otra ventaja: Cahner era una persona próxima a Nacionalistes d'Esquerra, y con ello Pujol se abría hacia la izquierda nacionalista.Los resultados de esta política han permitido la aparición, por primera vez en la historia de Cataluña de los últimos 60 años, de una cultura oficial, con su correspondiente funcionarización de artistas e intelectuales, aparición de difusos criterios de gusto e inicio de un control efectivo de circuitos e instituciones catalanas.

El criterio del departamento de ofrecer el protagonismo a las entidades y asociaciones profesionales de cada área de actividad ha colaborado en la consolidación de un gremialismo intelectual, instrumento de reparto de recursos -como becas, viajes, subvenciones-, y en la contrapartida, de marginación y rechazo por parte de grupos de creadores, que no han querido sumarse a la calificada cultura soviética a la catalana.

El aspecto más claramente soviético -es decir, dirigista y asfixiante, aunque plácidamente asfixiante para muchos de los afectados- de la cultura oficial ha sido el teatral. El Centre Dramàtic se ha convertido en un pulpo, hasta el punto de que ya parece imposible estrenar sin acogerse a sus tentáculos de oro.

La política teatral ha sido también calificada de subvención de butacas vacías y de pases de favor, como demuestran las cifras de balance de Teledeum presentadas por Els Joglars, en las que se asegura que algunos de los espectáculos de mayor éxito han tenido hasta un 45% de entradas gratuitas y escolares. La escasa iniciativa privada teatral ha desaparecido ante el fácil y obligado patrocinio oficial. En muchos casos los proyectos más costosos no han pasado ni por el director general de Música, Teatro y Cinematograria, Jordi Maluquer; ni por el del Centre Dramátic, Hermann Bonnin; ni por el consejo asesor; y han sido asumidos por el conseller, aunque existe la evidencia de que fueron tomadas en el despacho presidencial, como iniciativas de interés nacional. Esta política se manifiesta en el proyecto de ley de museos, que preveía el traspaso de los museos barceloneses, en su mayoría gestionados por el municipio, a manos de la Generalitat. El proyecto fue motivo de dimisión de cuatro miembros de la cornisión asesora de Museos.

El espíritu con que el Departamento de Cultura ha afrontado el protocolo y la coordinación con otras instituciones responde a una mentalidad competitiva, que se acoge al enunciado de las competencias exclusivas en Cultura como patente de exclusiva intervención en la vida cultural por parte del Gobierno autónomo.