Manifiestos de Videla y otros 67 altos oficiales en defensa de la 'guerra sucia' en Argentina

El general Jorge Rafael Videla, ex presidente de la Junta Militar que encabezó el golpe de Estado de 1976 y un denominado grupo de los 67, que integran altos oficiales pasados a la reserva, han coincidido en reivindicar la lucha antisubversiva y advertir que existe una "campaña de desprestigio" contra las Fuerzas Armadas. En sendas comunicaciones se reclama para el Ejército el "honor de la victoria".

Sin aparente conexión entre sí, los documentos dados a conocer ayer en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, donde actuaron los grupos represivos más violentos, son portavoces de la sectores de la ultraderecha militar.La declaración de Videla es una carta enviada a Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión (FAMUS), entidad organizada en oposición a las Madres de Plaza de Mayo, en la que manifiesta que considera "un deber inexcusable aportar mi palabra como contribución a la verdad histórica, ante la insistencia en deformar el sentido y alcance a las acciones bélicas emprendidas por las Fuerzas Arrnadas".

En su primera declaración desde que concediera algunas entrevistas en 1981, el general Videla retorna el argumento co mún a la defensa de todos los militares procesados. "El Gobierno constitucional de 1975 decretó la ejecución de operaciones militares a cargo de las Fuerzas Armadas, medida que continuó vigente después del 24 de marzo de 1976, ante la gravedad de la situación", dice. Insiste el ex presidente en el estado de guerra no declarado y afirma que "los militares que participaron en ella lo hicieron con la convicción de haber prestado un inestimable servicio a la nación, facilitando con su acción el restablecimiento del sistema republicano, representativo y federal".

Con el mismo orgullo de Videla, un grupo que se encuentra en situación de retiro desde 1976, constituido por 67 oficiales de los ejércitos de Tierra y Aire y que encabezan cuatro generales y cuatro brigadieres, alerta sobre la existencia de una "campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas" y se manifiesta solidario con sus compañeros de lucha. En el punto cuarto del documento se advierte que las denuncias "no probadas", según ellos, en contra del personal militar que actuó en cumplimiento de "expresas disposiciones de un Gobierno constitucional" deben manejarse con la "necesaria prudencia, en bien del país y sus instituciones".

La ofensiva de los sectores militares más duros, que se resisten a ser juzgados y desplazados, no ha sorprendido. Desde hace un mes se tenía información de los movimientos organizados por grupos de civiles y militares, que han creado un fondo financiero común.

La reacción se produce en momentos en que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas acaba de reunir las pruebas y el testimonio de nuevos testigos que permitieron descubrir más de 200 centros ilegales de detención en todo el país. Por otra parte, se acaban de. anunciar aumentos de salarios para los suboficiales y oficiales de grados menores y se ha decidido una redacción del 39% en el presupuesto militar de este año y de un 50% de sus mandos.