Un año y seis meses de prisión para el guardia civil autor de la muerte de un joven en Trebujena

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al guardia civil Juan Macías Marente, autor de la muerte de un joven y causante de heridas a otro en la localidad gaditana de Trebujena, en 1982, a la pena de un año y seis meses de prisión menor como autor de un delito de "imprudencia temeraria criminalmente responsable, aunque no doloso". El condenado deberá indemnizar con dos millones de pesetas a la familia de la víctima y 200.000 pesetas al herido. Tanto el fiscal como la acusación particular tienen intención de recurrir el fallo del caso Trebujena.

La sentencia, por tanto, no aprecia intencionalidad de matar en la actuación del guardia civil, sino sólo la de detener a ambos jóvenes, víctimas de los disparos del agente. Juan Macías Marente ingresó en prisión en la primera quincena de diciembre de 1982, por lo que ha cumplido ya la casi totalidad de la condena que le ha sido impuesta.El texto de la sentencia fue difundido a última hora de la tarde de ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz, y se refiere a los hechos ocurridos en la tarde del día 2 de marzo de 1982 en la localidad de Trebujena (Cádiz), en los que resultó muerto por disparos de la Guardia Civil el joven de 18 años Ignacio Montoya, natural de Lebrija, y herido su primo Antonio López.

Alrededor de las tres de la tarde de aquel día, la casera de la finca La Dona denunciaba verbalmente en el cuartel de la Guardia Civil el intento de robo de una cabra por parte de dos jóvenes que iban en moto. El brigada del puesto y varios números salieron en un vehículo a reconocer el terreno, y en ese intervalo dos jóvenes pasaron frente al cuartel. El guardia de puerta, Juan Macías Marente, les dio el alto, y, comoquiera que los jóvenes no se detuvieron, efectuó un disparo al a¡re y tres sobre el vehículo, que ocasionó la muerte del pasajero de la moto y heridas al conductor.

La vista pública se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cádiz, entre los días 3 y 5 de este mes. El fiscal Jaime Ollero calificó inicialmente los hechos de homicidio consumado y de lesiones, calificación esta última que cambió por la de homicidio frustrado. Solicitó en sus conclusiones una pena de tres años y otra de tres meses y una indemnización de dos millones a la familia del fallecido.

La acusación particular estuvo representada por el letrado Tomás Iglesias, que calificó los hechos como dos delitos de asesinato, uno consumado y otro en tentativa, y una falta de desorden público. El acusador pedía la pena de 30 años por el primer delito, 20 por el segundo, y cinco días de arresto por el tercero.