El general Álvarez, un paladín de la 'guerra sucia'

ENVIADO ESPECIAL"Me trataron como a un delincuente", dijo Álvarez en su única conferencia de prensa. "Todavía tengo las muñecas doloridas", se quejó, al tiempo que pedía regresar a su país. El diputado Miguel Andonie Fernández, líder de un pequeño partido opositor, declaró que su petición era justa, "como la de las madres y hermanas y hermanos que claman por los desaparecidos".

El Ejército hondureño, que durante el último cuarto de siglo ha practicado un golpismo paternalista, a veces con propósitos de reforma social, entró con Álvarez por la senda de la guerra sucia: 103 desaparecidos en los últimos tres años son el testimonio de su fe en la teoría de la seguridad nacional, aprendida en los cursos especiales que siguió en Argentina. Varias decenas de muertos se unen a esta lista negra.

Para atacar a una izquierda casi inexistente, desorganizada y carente de arrastre popular, el jefe militar se rodeó de asesores argentinos que trasplantaron sus métódos de trabajo: cárceles clandestinas, torturas y desaparición de los detenidos. La versión local de los Ford Falcon, tan temidos en Buenos Aires, fueron unas furgonetas sin matrícula.

Puesta en funcionamiento la maquinaria, ésta se volvió insaciable. A falta de izquierdistas confesos, Álvarez empezó a ver comunistas solapados en los sindicatos y organizaciones gremiales. Detrás de cada huelga estaba el marxismo-sandinismo, aunque la mitad de los campesinos esté sin trabajo y muchos ganen menos de un dólar por día.

Sindicalistas tratados como guerrilleros

A comienzos de mes, su policía detuvo en pleno centro de Tegucigalpa a Rolando Vindel, presidente del Sindicato Nacional de Electricistas. Sus compañeros declararon una huelga para pedir su libertad. Sin consultar con el presidente, envió a los cobras (especialistas en lucha antiguerrillera) y detuvo a 300 obreros. Los soltó unas horas después, para detener a 500 más al día siguiente.Doce dirigentes fueron enviados a los tribunales por sedición. Vindel continúa sin aparecer.

Sus propios compañeros de armas no se libraron de este furor persecutorio. Algunos oficiales comprobaron que tenían sus teléfonos intervenidos. Sus vehículos eran registrados en las carreteras y tenían rigurosamente vetado el acceso al presidente o a los ministros.

Álvarez gobernaba las Fuerzas Armadas con un sentido riguroso de la verticalidad, rompiendo una tradición según la cual las grandes decisiones se adoptaban por consenso en el Consejo Superior. Esto llevó a un profesor universitario a hablar de un ejército parlamentario. El despotismo se traducía en reprimendas constantes y amenazas de destitución.

Otras decisiones estrictamente militares le ganaron nuevos enemigos. Elevó a cinco años el tiempo de servicio para los ascensos. Esto retrasaba la carrera y el disfrute de sueldos más altos. Como contrapartida, Álvarez se había autonombrado general de división sin atenerse a las normas, y su enriquecimiento era cada vez más ostentoso, aunque su camarilla de generales le superara en esto.

No contento con ser el hombre fuerte del país, hasta el extremo de que el Gobierno de Roberto Suazo pasaba por ser un simple administrador incapaz de frenar "las locuras del jefe", como decían los mismos militares, Álvarez decidió meter sus manos en el Partido Nacional, una de las dos fuerzas tradicionales del país. Puso en su dirección al ex presidente, general Juan Alberto Melgar, quien reconoció ante sus amigos que Álvarez iba a dar cuatro millones de lempiras (unos 300 millones de pesetas) para postular su candidatura en las elecciones de 1986.

La Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), vinculada en sus orígenes a la secta Moon, de corte fascista, le sirvió para presionar desde otro frente sobre el Gobierno liberal, rodeándose de empresarios ultras. Con ello alimentaba un sueño casi erótico: derrotar militarmente a los sandinistas y convertirse así en el héroe anticomunista de América. La guerra se había convertido en su obsesión preferida. En sus delirios bonapartistas, soñaba con ayudar al Ejército salvadoreño a triunfar sobre la guerrilla, un motivo más de desconfianza para sus oficiales, que no han olvidado la guerra de 1969 con este país.

En medio de este cúmulo de desaciertos, irritó también a su aliado norteamericano con un guerrerismo excesivo, que resultó intolerable para el actual momento político de Estados Unidos. Al final quedaría sólo con cuatro generales y media docena de coroneles. Hasta sus amigos del Gobierno hacen balance público de sus despropósitos y anuncian, ahora sí, una primavera democrática.

Esta esperanza se palpa en todos los ambientes políticos del país. El dirigente liberal Jorge Arturo Reina dice que Roberto Suazo tiene una oportunidad histórica de cambiar el rumbo del Estado. "Es necesario caminar hacia la paz en lugar de hacia la guerra abandonar la política de seguridad nacional, sustituir la economía de guerra por una economía para el desarrollo, cambiar el fanatismo por el pluralismo".

Portavoces del reprimido sindicato de electricistas confían en que el Gobierno ponga fin a la represión. El presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, José María Betancourt, dice que esta es la ocasión "de poner de una vez a las Fuerzas Armadas bajo el mando absoluto del poder civil". Comenta con enfado que en los últimos meses, "al transitar por las calles, parecía que estuviéramos pasando de un país a otro".

El secretario general de la Asociación de Campesinos, Ramón Antonio Sevilla, cree que "los actos represivos van a disminuir, porque los militares que han tomado el poder son jóvenes oficiales con mentalidad progresista".

Menos confiado se muestra el democristiano Efraín Díaz. El único diputado que no apoyó el nombramiento de Álvarez votó esta vez a favor de su sucesor, el general Walter López Reyes, aunque condicionando su voto a la rectificación de pasados errores.

Como prueba de ello pide al Gobierno y al mando militar estricto respeto a la Constitución; la puesta en marcha de profundas reformas sociales en favor de los más pobres; la adopción de una política exterior y de defensa que responda a los intereses hondureños y evite la regionalización de los conflictos centroamericanos; el inicio inmediato de una investigación para esclarecer las desapariciones y castigar a los culpables, y la apertura de procedimientos penales por actos de corrupción, tanto de civiles como de militares.

La cooperación con Estados Unidos continuará

"Si echamos tierra sobre los generales destituidos y los enviamos como agregados militares a otros países, según la costumbre, no habremos avanzado nada. Es hora de terminar con el servilismo de los civiles ante los militares, aunque la forma en que se han desarrollado los acontecimientos no es el mejor aval".El director del periódico independiente Tiempo, Manuel Gamero, opina que con el nuevo equipo militar vendrán días mejores en materia de derechos humanos, libertades públicas y tal vez algunas reformas sociales. "Hacia el exterior es posible que baje el nivel de confrontación con Nicaragua y el compadreo con el Ejército salvadoreño, pero no creo que se modifique el esquema de relaciones con Estados Unidos". "No es casual que el general Paul Gorman haya sido el primer visitante extranjero de alto nivel después del golpe. Él mismo se encargó de aclarar que el presidente le había dado seguridades de que no se iban a alterar los programas de cooperación militar.

El sociólogo Víctor Mesa entiende que los oficiales jóvenes manejan un proyecto político progresista, aunque las alianzas de última hora van a mediatizarlo. La CIA está ya maniobrando para que nada cambie en lo que se ha dado en llamar modelo hondureño: una democracia formal, fuertemente mediatizada por los militares. La desaparición del ala más dura del Ejército es, en cualquier caso, un progreso, y ahí radica la esperanza de los hondureños.