Jueces y seguridad ciudadana / y 2

Después que el juez ha decidido, hay que ejecutar la pena impuesta. Y hay que ejecutar la pena procurando la reeducación y reinserción social de los reos, como ordena la Constitución, lo que no se hace hacinándolos en jaulas como fieras.Si la delincuencia aumenta, hay que aumentar la policía, con funcionarios bien formados para cumplir su misión y dotados de medios que obedezcan a un plan coordinado, racional de actuación. Policías conscientes de que son auxiliares de los jueces, subordinados a éstos, que previenen y evitan el delito, pero que no tienen por misión castigar al delincuente. También es necesaria la vocación sacrificada de los policías dentro de estos principios.

Buenas prisiones

Consecuentemente, también hacen falta muchas y buenas prisiones. No "hoteles de cinco estrellas", como ha dicho una cínica y corrosiva crítica, pero tampoco campos de concentración en los que a la privación de libertad de movimientos, único contenido de la pena legal, se unan sufrimientos físicos y morales que conduzcan a la destrucción y degradación irreversible de la persona del reo.Decíamos que se trata de recordar principios elementales que se ocultan a la opinión por una oposición sistemáticamente destructora. De estos principios no podemos prescindir, a menos que nos decidamos a salir fuera del medio cultural del que presumimos formar parte; de esta Europa occidental, de esta civilización de raíz humanista y cristiana. A menos que deroguemos la Constitución que nos habíamos dado. Como no podemos cortar las manos a los ladrones, la lengua a los que injurian, mutilar a los violadores, azotar y ahorcar en la plaza pública, torturar a los sospechosos.

Tampoco podemos, si hemos constituido un Estado, desentendernos del problema y restablecer la ley de la selva, para que cada uno defienda lo suyo por su cuenta y con sus armas y abandonar al linchamiento al delincuente aprehendido.

La oposición que censuramos no propone nada concreto y no reconoce nada.

Nunca en la historia española, hasta ahora, un Gobierno, urgido y combatido en todos los frentes: en los de Educación, Sanidad, Trabajo, Defensa, Hacienda, ha atendido, en la medida en que le ha sido posible, a las necesidades de la administración de Justicia, como lo está haciendo el actual, con la creación de nuevos órganos judiciales, inversiones en medios materiales, instalaciones y establecimientos penitenciarios, aumento de retribuciones; todo ello, reflejado en el aumento sin precedentes del presupuesto para la justicia. Se podría hacer mejor, pero no es la oposición la que señala cómo. Es justo reconocer que esta atención se prestó ya en una etapa de la República de 1931, y se inició, a partir de 1976, por algunos ministros de Justicia.

Un jurista eminente

Al frente, del Ministerio de Justicia hay un jurista eminente, fiscal y magistrado, número uno en sus oposiciones, acreditada su competencia en sus sentencias, pues ha dedicado lo mejor de su vida a dictar sentencias; conocedor a fondo, puesto que las ha vivido, de las necesidades de la administración de Justicia, por lo que acierta en la distribución de los escasos medios con que cuenta. Es el ministro de Justicia que corresponde a un Estado de Derecho. Los conceptos y principios de esta clase de Estado son la base de su formación, jurídica y ética, de su vocación profesional, de su entrega total al servicio de sus valores. Puede presentar sus realizaciones en sólo un año de leyes y proyectos, en curso o promulgados ya: asistencia al detenido, hábeas corpus, protección jurisdiccional de los derechos y libertades, derecho de réplica, reforma de leyes sustantivas y procesales.Asombrosamente, la enumeración detallada sería muy larga. Y a lo que hay que añadir, como antes se dijo, la reforma estructural reflejada en el aumento del presupuesto para la justicia, logrado, sin duda, en un noble forcejeo con las necesidades de otros órdenes del Gobierno. La persona del ministro sufre, elegantemente, sin queja, no ya las críticas, sino los insultos y motes despectivos con que le hacen befa. Hasta han dicho de él nada menos que su actuación obedece a un oculto plan para lograr la instauración de una dictadura marxista-leninista. El juicio de intenciones sí que puede hacerse a los que han descubierto que en este ministro está el factor más activo, entusiasta y eficaz en la construcción del nuevo Estado de Derecho, y como esta construcción es cuestión de vida o muerte para la democracia, los enemigos de ésta atacan al punto más vulnerable y decisivo.

Policía, jueces y cárceles no son los únicos medios para luchar contra el delito. Son medios directos e inmediatos, pero hay otros que atacan las causas profundas de la delincuencia a largo plazo. Si los primeros forman parte del contenido del Estado de Derecho, los segundos son los instrumentos del Estado social. Nos referimos ahora al paro, la inflación, las marginaciones, las drogas, las subculturas, el consumismo y la competencia sin freno, causas todas del delito objeto de estudio en sugestivos y extensos tratados de criminología.

En el campo en que operan estas causas es en donde se luchará más eficazmente contra la delincuencia.

La democracia y la libertad tienen para defenderse los medios que proporciona el Estado de Derecho, y no podemos renunciar ni a aquéllas ni a éste en la fase de cultura y civilización a que hemos llegado. Queremos paz y seguridad en nuestras ciudades, pero no a costa de todos los valores que hemos defendido. No queremos una tranquilidad sepulcral en nuestras ciudades, sólo turbada por el chirrido de tanques.