Nadie reclama las 500.000 pesetas empleadas por un dirigente del PSOE en el intento de soborno de Murcia

Las 500.000 pesetas que fueron ingresadas en la cuenta del periodista Joaquín García Cruz, como parte del soborno propuesto por el dirigente socialista Francisco Serrano y por el subcomisario de policía excedente José Antonio Asensio, continúan depositadas en una notaría de Murcia, sin que nadie haya acudido a reclamarlas, pese al archivo de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de dicha ciudad sobre dicho caso. Ese dinero procedía de un particular, según pudo establecerse en las citadas diligencias, pese a lo cual es el único punto que el juez, ha considerado merecedor de una más amplia investigación.

No obstante, medios jurídicos de la región consideran poco probable que esa investigación aporte grandes novedades. Según pudo establecerse en las diligencias ahora archivadas, las 500.000 pesetas ingresadas por J. A. A. G. -iniciales que coinciden con las del subcomisario excedente José Antonio Asensio Girón, una de las personas que llevó las negociaciones con los dos redactores- habían sido entregadas por el ex secretario de finanzas del PSOE y ex concejal de Murcia Francisco Serrano.Este último declara haber obtenido esa cantidad de un amigo suyo, Miguel López, comerciante, que le dio el dinero como devolución de un préstamo anterior. El comerciante ha ratificado tal entrega, sin reconocer, por supuesto, ninguna otra finalidad que la de devolución de un préstamo.

A su vez, tanto la organización socialista de Murcia como el ayuntamiento de la capital han indicado que el dinero no salió de sus respectivas cuentas. Por tanto, salvo que surjan nuevos elementos en el caso, existen muchas posibilidades de que la controvertida entrega de las 500.000 pesetas quede circunscrita a un asunto particular, ya que, según el auto judicial que archivó la querella de los periodistas, no constituye delito, ni tan siquiera falta.

La Verdad insiste en no dar el caso por cerrado, y para ello ha presentado recurso de reforma contra el auto judicial que archivó las diligencias; el recurso insiste, sobre todo, en el problema del atentado contra la libertad de expresión, y no en el del cohecho, que, según el Código Penal, sólo es aplicable a funcionarios públicos.

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia de Murcia, Augusto Morales, ha declarado que no sólo está excluida toda infracción penal en el asunto, sino que los periodistas en cuestión tienen "muchísima suerte" de no estar procesados. "Si el soborno a que ellos se han referido hubiera estado castigado como cohecho en el Código Penal", afirma el fiscal, "en este momento tendrían que estar sancionados o castigados o procesados, en el término procesal oportuno, no solamente los sobornadores, sino los sobornados, porque en el cohecho, cuando existe tal cohecho, se castiga tanto a los que ofrecen la dádiva o la entrega de la dádiva como a los que la reciben".

Circulan rumores de todo tipo en la región de Murcia acerca de las circunstancias en las que se ha producido el soborno. Una de esas historias apunta a la dimisión del periodista García Cruz y del redactor jefe de La Verdad que intervino en el seguimiento de las actividades de los redactores para averiguar el origen del soborno.

Ambos continúan vinculados a la redacción del medio; el redactor jefe ha suprimido una columna de opinión que mantenía desde hacía 12 años, mientras que García Cruz estudia, desde hace varios meses, la posibilidad de vincularse a otro proyecto profesional.