La derecha gana la 'batalla' de la seguridad ciudadana

El Gobierno ha arrojado la toalla y se ha plegado a las exigencias de la derecha de reformar la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal ante la imposibilidad de ser aplicada correctamente por la insuficiencia del aparato judicial y por el enfrentamiento existente entre los policías y sus propios mandos y el fracaso de la racionalización y modernizacíón de sus estructuras. El espectacular incremento de la delincuencia en los últimos meses indujo finalmente al Gabinete de Felipe González a dar marcha atrás en el tema y endurecer la normativa legal, para lo cual el Consejo de Ministros que preside se reunirá el miércoles con carácter extraordinario.Tras una intensa operación de acoso y derribo, orquestada en torno a las últimas muertes violentas y secuestros de empresarios, y tras el continuo hostigamiento desde alguna Prensa, la gran derecha ha mordido carne por primera vez en el Gobierno, después de campañas como la del aborto o la enseñanza. En el seno del Gobierno parece haberse impuesto la línea dura, encabezada por el ministro del Interior, José Barrionuevo, frente a la línea progresista marcada por el titular de Justicia, Fernando Ledesma.

Desde el primero de los ministerios se ha contribuido veladamente en los últimos meses a crear un estado de opinión favorable a que las excarcelaciones de los 7.000 presos preventivos desde la reforma de abril de 1983 fueron la causa principal del incremento de la delincuencia común, especialmente de los delitos contra la propie dad, cuyo porcentaje ha crecido en los últimos meses por encima del ciento por ciento. Una prueba concluyente puede ser la tesis mantenida ante periodistas el pasado jueves por un alto cargo de la policía, que señaló que se habría dado un paso decisivo si las cárceles es pañolas tuviesen una población de 20.000 personas, frente a la 15.000 actuales, de las que un 40% aproximadamente se econtraban a la espera de juicio.

Una reforma progresista, inclui da en el programa electoral delPSOE y tendente a adecuar a la realidad social del país el mandato del artículo 17 de la Constitución (relativo a la regulación de la prisión preventiva, especialmente de cara a que nadie permaneza en prisión más de la mitad del tiempo de la pena correspondiente a cada delito), naufraga cuando aún no ha cumplido un año. Un Gobierno fuerte, con 10 millones de votos a sus espaldas, pretendió poner en consonancia la situación de las cárceles españolas (donde se hacinaban 22.474 reclusos, de ellos 10.045 preventivos) con el espíritu y la letra constitucionales, pero se encontró prisionero de las propias instituciones del Estado aún no reformadas.

Aunque Fernando Ledesma, ministro de Justicia y promotor de la reforma, rechaza la terminología acuñada en la Prensa y entre la clase política de la reforma de la reforma de los artículos 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, y prefiere hablar de retoques, lo ciertobs que las variaciones en los citados textos legales y las mayores atribuciones para la Dirección General de Policía y los gobernadores civiles suponen un paso atrás en el campo de las libertades individuales.

En una reunión celebrada esta semana en un hotel de Madrid entre los ministros de Interior y de Justicia y sus respectivos colaboradores, propiciada desde la Moncloa para limar las evidentes diferencias de criterio entre los titulares de ambas carteras, se establecieron las líneas maestras de lo que será el plan del Gobierno para atajar el incremento de la delincuencia común. Se trata de un conjunto de medidas legales (la modificación de los citados artículos de la ley de Enjuiciamiento Criminal, de la ley de Extranjería y los retoques del Código Penal), policiales (entrada en funcionamiento de la policía judicial, mayor despliegue policial en las calles), administrativas (creación de nuevos juzgados de instrucción) y sociales (un plan integral de lucha contra la droga, en el que podría incluirse la consideración de la drogadicción como una enfermedad y su tratamiento en la Seguridad Social).

Todas las partes en conflicto reconocen que el problema capital es el de la droga, con el que están relacionados al menos tres de cada cuatro delitos. La drogadicción y el desempleo son los dos factores dominantes a la hora de entender "este tipo de delincuencia, que no está constituida por delincuentes comunes; una delincuencia nada sistemática, desesperada, sin ningún tipo de lógica", en opinión de los expertos.

En concreto, los plazos de prisión preventiva fijados hasta la fecha pasan de 6 y 18 meses, respectivamente, de acuerdo con la calificación de la pena, a 12 y 24 meses, dejando al arbitrio de los jueces la posibilidad de duplicar dichos períodos de prisión preventiva. Igualmente, se concreta más a los jueces que en delitos que tengan aparejada la pena de prisión me nor se decrete un mayor número de prisiones preventivas y libertades provisionales bajo fianza, aunque la multirreincidencia no se considera como factor determinante para el ingreso en prisión.

La incapacidad de la Administración de justicia española para ver causas hasta dos años después de iniciadas, cuando lo normal en otros países es que los juicios se celebren antes de tres meses, y la suavización de la legislación vigente (especialmente al suprimir la multirreincidencia como factor de ingreso en prisión) han poblado el mapa de la delincuencia de personas que tienen pendientes hasta 30 procesos distintos, de los cuales ninguno tiene calificada la pena de prisión mayor, por lo que el juez decreta de forma automática su libertad provisional, con o sin fianza, o salen de las prisiones después de haber cumplido unos meses como preventivos. La policía ha denunciado continuamente la profesionalización de los nuevos delincuentes, a los que detiene repetidamente en el curso de breves períodos de tiempo.

Para Liborio García, subsecretario de Justicia, "el tema de la seguridad ciudadana es fácilmente manipulable, y de hecho se ha manipulado desde un sector del arco político". Para este corresponsable de la reforma de abril de 1983, ésta cumplió su función de dar a los jueces una doctrina penal acorde con la Constitución, y no es en absoluto responsable por sí misma del incremento de los delitos.

Psicosis colectiva

Sin embargo, la conjunción de los datos estadísticos (un 32% más de media de delitos en 1983 que en el año anterior, con sólo un 4% más de delitos esclarecidos en igual período de tiempo) con la oleada de secuestros y asesinatos de pequeños y medianos empresarios y con el pronunciamiento de sectores importantes de la vida española, han sido suficientes para crear una psicosis colectiva de inseguridad ciudadana y para acorralar al Gobierno socialista hasta hacerle reformar su propia reforma.El cardenal primado proclamó desde el púlpito con motivo del secuestro y posterior asesinato de un industrial toledano que, "cuando menos se espere, se puede producir un estallido de cólera ciudadana irreprimible que lo arrase todo como un vendaval". La dirección de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) aprobó que sus empresarios se armasen," aunque queremos ser buenos empresarios y no buenos pistoleros", en palabras de su secretario general. Todas las partes interesadas en la contrarreforma han expresado públicamente su satisfacción por la decisión del Gobierno.

Por el momento, Felipe González ha enviado como avanzadilla a los dos ministros enfrentados en el tema de la reforma. Hace falta saber ahora si el presidente asumirá personalmente el problema, como hizo con el de la reconversión industrial. En las últimas horas se especuló con la posibilidad de que la siguiente comparecencia del primer ministro en televisión tuviese como tema central el de la seguridad ciudadana.