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REPORTAJE

30 policías para un millón de personas

El fracaso de la modernización policial, una de las causas de la inseguridad

El fracaso de la anunciada racionalización y modernización del aparato policial, ahora notablemente desorganizado, es uno de los factores determinantes que ha contribuido a crear el actual clima de inseguridad ciudadana. Una muestra de esta desorganización puede encontrarse en el distrito de Chamartín, de Madrid, donde, con una población de alrededor de un millón de personas -similar a la de ciudades como La Coruña, Málaga, Alicante o Vizcaya-, sólo trabajan 30 inspectores del Cuerpo Superior de Policía, y de ellos, únicamente 12 se dedican a investigar los delitos cometidos.

La brigada judicial del distrito de Chamartín, considerado como el de mayor índice delictivo de Madrid, está compuesta por estos 12 funcionarios, que sólo cuentan con su pistola reglamentaria, un teléfono, una habitación de 20 metros cuadrados y varios coches en deficientes condiciones. Nadie oculta que muchos de los delitos cometidos en el distrito no se pueden investigar, puesto que la plantilla es ridícula para garantizar la seguridad ciudadana.El edificio y las instalaciones "son propios de un país subdesarrollado", y en la inspección de guardia, donde trabaja cada 24 horas un inspector y dos policías nacionales, se tramitan una media de 90 asuntos diarios: denuncias, atracos, robos, homicidios, tráfico de drogas, etcétera. En lo que va de año se han tramitado en esta comisaría 11.619 asuntos y se han detenido a 205 personas.

La brigada judicial de este distrito ha tenido que investigar en lo que va de año 573 asuntos. "Como se puede observar", dice uno de los policías, "es prácticamente imposible poder investigar todos los casos, y nos dedicamos a los de mayor importancia, como es lógico". Por ejemplo, en este último mes se han cometido en este distrito 138 robos a establecimientos comerciales, sin incluir en esta cifra los numerosos atracos a bancos.

"Los 'maderos' carecemos hasta de consideración"

Los 12 funcionarios de esta brigada podrían trabajar sin descanso las 24 horas del día y todavía quedarían asuntos pendientes. A pesar de ello y de la lógica desmoralización a que podían verse sometidos, "nosotros tenemos metido el gusanillo, y comenzamos a trabajar a las ocho de la mañana y acabamos muchos días a las doce de la noche". La dirección les paga unas dietas ridículas: sólo si salen fuera de Madrid cobran, por "servicio permanente y riesgo", 8.684 pesetas, y sus confidentes les cuestan dinero. "Los maderos", dice uno de los funcionarios, "no estamos bien vistos por nadie y carece mos de todo, ¡hasta de consideración!".La inspección de guardia, donde se toman las denuncias de los ciu dadanos, es "vergonzosa". "Muchas personas", dicen, "se quejan con razón porque tienen que espe rar horas y horas en una habitación de 25 metros cuadrados para poneruna denuncia, y con las únicas tres celdas que tenemos para los detenidos, en muchas ocasiones hay que dejarlos por los pasillos". La situación no puede ser más caótica.

En la pequeña habitación desti nada a la brigada judicial se mez clan los funcionarios oyendo una cinta de las legales, interrogando a un detenido, hablando por teléfo no, intercambiando información preparando informes o hablando con testigos.

Sin embargo, esta situación no desmoraliza a ninguno de estos 12 jóvenes investigadores y a su secretaria. Uno de ellos comenta que hagamos mención al problema familiar. "Nuestra mujer o nuestra novia siempre se quejan con razón de que nunca tenemos tiempo para ellas, y si estás a punto de cazar a un choro gordo, no lo vas a dejar porque has quedado con tu chica".

Los funcionarios de Chamartín realizan unas 1.000 detenciones al año. En 1983 se tramitaron 40.153 asuntos, que obviamente, en teoría, deberían haber sido investigados.

La mayoría de los funcionarios está de acuerdo con la primera reforma del ministro de Justicia, Manuel Ledesma, "porque no es lógico que muchas personas estén encarceladas preventivamente dos o tres años hasta que sean juzgadas, pero deben existir los medios para que la policía pueda investigar todos los casos con rigurosidad y los jueces dispongan también de lo medios necesarios para agilizar los procesos".

Esta misma situación se repite en algunas comisarías, mientras que en otras reina la tranquilidad. El distrito de Centro es otro ejemplo similar al de Chamartín. Hay una media diaria de 60 asuntos.

En este tipo de comisarías, los funcionarios coinciden al quejarse de que la mayoría del tiempo lo consumen en funciones burocráticas que podría realizar otro personal, "y nosotros tendríamos más tiempo para investigar".

En el mes de marzo, exceptuando la última semana, la policía de Madrid detuvo y puso a disposición judicial a 1.213 personas. Los delitos más frecuentes fueron atracos, robos y hurtos. Todos los detenidos en las comisarías son enviados a primera hora de la mañana a la Dirección de la Seguridad del Estado, en la Puerta del Sol, y de allí, abiertos sus expedientes, son trasladados en furgones hacia los juzgados. Comienza ahí una nueva fase.

Los juzgados, desbordados

En 1983 fueron puestos a disposición judicial en Madrid 11.627 personas, de las cuales 7.873 fueron puestas en libertad por la autoridad judicial, lo que demuestra que la rigurosidad policial no es elevada, ya que no deberían existir suficientes pruebas para decretar su ingreso preventivo en prisión, de acuerdo con la legislación vigente.El problema de la falta de medios y personal también se traslada a los juzgados, y esto imposibilita un rápida actuación judicial. Por ejemplo, en 1983 se incoaron 170.978 asuntos en el juzgado de guardia, que posteriormente se repartieron entre los 21 juzgados de instrucción existentes en Madrid capital, lo cual también demuestra la acumulación de trabajo en estas dependencias.

El magistrado juez decano de Madrid, Salvador Domínguez, se muestra casi indignado por la falta de medios materiales y personales en los juzgados. Salvador Domínguez afirma que faltan medios para garantizar al ciudadano que su caso sea tramitado directa y personalmente por el juez. "Para que el juez actúe con la rapidez y agilidad necesarias hay que dotar a la Administración de justicia de los medios necesarios para garantizar este derecho".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de abril de 1984