Los directivos de las cajas quieren demorar su renovación y alargar a 12 años el mandato
Los cargos actuales de las cajas de ahorro consideran de "destacadísima importancia" el que la renovación proyectada para el próximo año no sea total. Como fórmula gradual y "sin ruptura" han propuesto que, además de ampliar de dos a tres mandatos la posibilidad de reelección, sólo se renueven al principio la mitad de los órganos de gobierno, y el resto quede para dos años después. Este es uno de los principales mensajes que han transmitido al Ministerio de Economía, junto al de que todas las cajas -sean de fundación pública o privada- mantengan carácter privado. Han insistido, además, en que ninguna de las representaciones actuales o futuras -más en concreto, la de los ayuntamientos- pueda llegar a hacerse con la mayoría de este tercio del sistema financiero, carente de propietarios por sus peculiares orígenes.
El anteproyecto de ley de bases de las cajas de ahorro permite que quienes hoy ocupan los órganos de gobierno se presenten a elección, al ser renovados todos los cargos, proceso que sería convocado el próximo año, siempre y cuando no hayan consumido ya más de cuatro años. Los ocho años fijados en total (dos mandatos) suponen un recorte de cuatro años con respecto al máximo establecido por el decreto que promovió Enrique Fuentes Quintana a finales de 1977, desde cuando se han registrado numerosas renovaciones parciales y frecuentes reelecciones.En el informe elevado al Ministerio de Economía sobre el anteproyecto de ley, a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), los responsables de estas entidades propugnan una reforma gradual "para que se produzca sin traumas" y "sin ruptura en la actualgestión rectora". Aunque apoyan la renovación por mitades, cada dos años, se muestran en contra de que el proceso se inicie con el cese simultáneo y completo de todos los actuales miembros de los órganos de gobierno, sin atención al tiempo de mandato que les queda.
Mantener el carácter privado
En cambio, han propuesto la renovación inicial de sólo el 50% y el mantenimiento de los 12 años de mandato total. "Para determinar cuáles hayan de ser los que cesen y los que continúen durante dos años", dicen en el informe, al que ha tenido acceso este periódico y que ocupa 32 páginas, "deberían establecerse en su momento las oportunas normas reglamentarias, para que pueda hacerse distribuyéndolo equitativamente entre los diversos grupos representados".
El eje central del informe, que presenta intentos de "mejora" a una veintena de los 37 artículos y 12 disposiciones del anteproyecto, se nuclea en torno al intento de conservar el carácter privado de las cajas de ahorro, que nacieron como entidades benéficas, sin fines de lucro y sin accionistas, así como de impedir que los ayuntamientos se hagan con la mayoría de los órganos de gobierno.
También se, rechazan las diversas fórmulas que, a juicio de los actuales responsables de las cajas, convertirían a las comunidades autónomas en "juez y parte", pues ya tienen competencias de desarrollo legislativo y podrían nombrar representantes en las comisiones de control, a las que el anteproyecto otorga grandes poderes.
Frente a la eventualidad de que las corporaciones locales, una de las cinco representantes previstas en el el texto, se hagan indirectamente con la mayoría de los órganos de gobierno (las otras son impositores, instituciones de interés social, entidadades fundadoras o empleados), el informe reclama un sistema de contrapesos que no conceda a ninguno de los estamentos poder mayoritario. Como segunda "gran preocupación" figura la de que no se rompa la línea de solidez y firmeza demostrada por las cajas ante la grave crisis del sector bancario.
