Cinco guardias civiles niegan en el juicio haber maltratado a pescadores en Gerona

La rotundidad de las manifestaciones de los denunciantes y presuntos perjudicados al relatar los malos tratos de que fueron objeto y el rechazo de todas las imputaciones por parte de los cinco guardias civiles acusados fueron las constantes de la primera sesión de la vista del juicio oral por torturas celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Gerona. El juicio proseguirá hoy con las declaraciones de los testigos, entre los que se encuentran algunas de las 46 personas que suscribieron la acción popular encabezada por el letrado Juan Sureda.El teniente José Velasco Ciudad, los cabos Constantino Simón Aparicio y Juan Martín Pozuelo, así como los números José Pérez Casamayor y Francisco Aguilera Ruiz fueron denunciados por cuatro pescadores de Blanes que en la madrugada del 20 de noviembre de 1982 fueron conducidos y retenidos en el cuartel de la localidad para ser interrogados sobre la distribución de parte de un alijo de hachís capturado accidentalmente por las redes de la embarcación de pesca Montse III.

Como consecuencia de los; presuntos malos tratos recibidos en dicho cuartel, José Cano Vicente denunció que sufrió rasguños, hematomas y erosiones en el estómago, tórax y hombro derecho. Sus compañeros Gabriel Amat y Julián Palomar resultaron con un tímpano perforado. José Cano aseguró que Aguilera y Pérez, tras bajarle al garaje "esposado y cogido por los pelos", le practicaron el denominado submarino (introducir la cabeza del detenido en un recipiente lleno de agua) en repetidas ocasiones. Posteriormente, le dejaron esposado en una reja situada en el mismo garaje.

Gabriel Amat declaró que tras un primer golpe que le propinó el cabo Constantino Simón, produciéndole la perforación del tímpano, todos los procesados, excepto el teniente, le golpearon en repetidas ocasiones. Añadió que el cabo Martín Pozuelo "me cogió del bigote y me tiró al suelo y luego me levantó otra vez". Julián Palomar dijo haber sido repetidamente golpeado tras ser obligado a desnudarse. Los perjudicados no acudieron al médico ni denunciaron los hechos hasta algunos días después, porque sobre ellos pesaban amenazas de muerte y "tenían miedo", según su abogado.