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Editorial:

Pasajes y Biarritz

EL TIROTEO producido anteanoche en el puerto guipuzcoano de Pasajes, a cuyas resultas perdieron la vida cuatro presuntos militantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, se originó, según noticias procedentes del Ministerio del Interior, por la resistencia de los terroristas, que embocaban la dársena en un bote de remos, a obedecer la orden de alto dada por un destacamento, apostado en la orilla, de los Grupos Especiales Operativos de la Policía Nacional. Las trabas puestas a los periodistas, situadas en la línea de política desinformadora aplicada por el Ministerio del Interior en los últimos tiempos, arroja unas dudas tan innecesarias como alarmantes sobre el desarrollo exacto de los hechos.Cabe avanzar, en cualquier caso, una conjetura y un temor a propósito de ese dramático suceso. De un lado, parece altamente probable que los GEO estuvieran sobreaviso de la llegada a Pasajes del bote tripulado por los presuntos terroristas. La afirmación policiaca de que al menos un miembro del grupo habría estado implicado en el asesinato del senador socialista por Guipúzcoa Enrique Casas refuerza esa hipótesis. De verificarse esa razonable suposición, cabría concluir que los servicios de información de los cuerpos de seguridad han mejorado su eficacia y están en condiciones ya de adelantarse, en ocasiones, a los propósitos terroristas.

El aspecto realmente preocupante de esa inquietante hipótesis no es tanto que la reconocida peligrosidad de los miembros de los Comandos Autónomos o de ETA Militar impulsara de forma ciega a las fuerzas de seguridad -en este caso, un cuerpo de elite, preparado para arrostrar las más duras pruebas- a protegerse preventivamente, sin reparar en medios, del fuego de los presuntos terroristas. La cuestión central sería establecer si la envenenada consigna de la guerra del norte ha sido interiorizada por el Gobierno socialista hasta el punto de sustituir los procedimientos de orden público, adecuados para reprimir las criminales manifestaciones degenerativas del bandolerismo político, por técnicas propias de un auténtico conflicto bélico. Porque, en tal caso, los ideólogos de ETA podrían jactarse de haber logrado imponer al Estado democrático sus sangrientas teorizaciones, que instalan el terrorismo de las bandas armadas en la perspectiva de una larga guerra de liberación nacional. Seguimos creyendo, sin embargo, que el objetivo del combate de nuestro Estado democrático contra la violencia criminal de esos grupos marginales no puede consistir en matar a los terroristas (tal y como podría inferirse del suceso de Pasajes), sino en conseguir que los terroristas dejen de matar.

De confirmarse -como parece- que los tripulantes del bote ametrallado eran miembros de los Comandos Autónomos, que se disponían a desembarcar para perpetrar nuevos atentados, esa siniestra organización habría mostrado las fisuras de su infraestructura clandestina y sufrido una severa derrota. Sobre los Comandos Autónomos Anticapitalistas han circulado versiones contradictorias, desde quienes consideran a esa banda como la segunda marca de ETA Militar hasta los que afirman que la rivalidad en el crimen entre ambas organizaciones es cierta y enconada. El miércoles pasado, miembros de la mesa nacional de Herri Batasuna celebraron en Bilbao una conferencia de prensa para declarar, entre otras cosas, que ETA Militar "nunca ha atentado contra miembros del PSOE" y para derivar implícitamente hacia los Comandos Autónomos las responsabilidades del asesinato de Enrique Casas. Según Ziluaga, "da lo mismo que sean de los Comandos Autónomos que los propios GAL" las siglas que promueven la llamada guerra sucia. Es cierto que los Comandos Autónomos constituyen una organización dedicada al terrorismo difuso e indiscriminado, cuyas sangrientas acciones pueden llevar hasta la exasperación el clima de inseguridad de una colectividad. Pero que Herri Batasuna desautorice de esa forma, bien sea por cálculo táctico, bien sea- por convencimiento, a los Comandos Autónomos implica el monstruoso sarcasmo de que el nacionalismo radical reivindique para los abominables crímenes de ETA Militar -remedando la descripción del Estado propuesta por Max Weber- el monopolio de la violencia ilegítima.

En esa escalada del horror que asola al País Vasco, el asesinato, ayer, en Biarritz de Javier Pérez de Arenaza, familiar, al parecer, de Domingo Iturbe Abasolo, uno de los máximos dirigentes de ETA Militar, lleva las claras huellas de los turbios Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El crimen se produce pocos días después de la explosión, también en Biarritz, de una bomba que acabó con la vida de un hombre todavía no identificado, pero cuya pertenencia a los GAL es algo más que una sospecha. Quienes auspicien, financien o encubran a esa nueva banda terrorista, que ha sustituido las normas del derecho por la ley del talión o el desempeño honrado de una profesión por el sucio negocio del crimen, se hallan tal vez todavía a tiempo -antes de alcanzar el punto de no retorno- para reflexionar sobre la insensata dinámica política que la persecución ilegal de los terroristas en territorio francés puede desencadenar en España.

La utilización de procedimientos criminales para combatir a los criminales y el empleo de métodos terroristas para combatir a los terroristas no sólo es indigno de una sociedad civilizada y de un sistema democrático, sino que puede, además, sobreponer al desafío lanzado por ETA un cruce de venganzas dentro de la sociedad que haga definitivamente irreversible el clima de discordia civil y de enfrentamiento entre comunidades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de marzo de 1984