El Congreso aprueba el beneficio de la justicia gratuita

El beneficio de justicia gratuita se concederá a quienes tengan unos ingresos o recursos económicos que, por todos los conceptos, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de solicitarlo. Los jueces y tribunales, atendidas las circunstancias familiares del solicitante, podrán otorgar idéntico beneficio en el caso de que los ingresos superen el doble del citado salario y no rebasen el cuádruplo. Así lo señala el artículo segundo del proyecto de ley de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobado ayer en el Congreso de los Diputados.El beneficio de la justicia gratuita significará que las personas que se acojan a ese sistema no deberán abonar las costas del proceso. Esas costas pueden ser las derivadas de notificaciones y trámites judiciales, que suponen unas cantidades muy variables según cada caso. Si el beneficiario se acoge asimismo al turno de oficio para disponer de abogado, todo el proceso le resultará gratuito.

El debate, que comenzó ayer con la defensa del proyecto realizada por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, continuará el día 3 de abril. El ministro afirmó que la reforma va a servir para tratar de ayudar a los ciudadanos en la solución de problemas que habitualmente no llevan a los tribunales porque consideran que la justicia es cara y lenta. La posibilidad de litigar gratuitamente, innovación introducida por el Congreso al recoger una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial, "responde a un designio político", dijo el ministro. "Ya no se va a hablar en lo sucesivo", añadió, "del beneficio de pobreza, sino del reconocimiento del derecho a una justicia gratuita cuando el litigante carezca de recursos suficientes".

El proyecto, para el ministro, supone la eliminación de dilaciones indebidas en un proceso. Ledesma dedicó, en su argumentación, un apartado a resaltar los esfuerzos del Gobierno por dotar a la Administración de justicia de mayores medios materiales y humanos, y afirmó: "Y me importa decir, no sin acento un poco enfático, que esos medios materiales, estos instrumentos procesales, los ha puesto en manos de los jueces el pueblo español por la decisión política de un Gobierno de izquierdas, viejo luchador por la libertad y, por tanto, por la independencia y la eficacia de los órganos judiciales".

El debate transcurrió sin grandes sobresaltos porque las únicas enmiendas desestimadas al Grupo Popular fueron calificadas como cuestiones de puro matiz. Socialistas y populares pactaron 28 enmiendas transaccionales, y ello les permitió llegar al artículo cuarto del proyecto, que supone la reforma de 64 artículos de la actual ley de Enjuiciamiento Civil.

Las votaciones fueron una pura entelequia. Los resultados daban la asistencia de hasta 207 diputados, cuando, en realidad, no sumaban el centenar y medio. Las enmiendas populares, con 23 diputados en los escaños, llegaron a contar con 58 votos, y en esos momentos, como mucho, se les podían sumar dos votos centristas, un catalán y dos vascos. En la mañana de ayer no hubo presencia del Grupo Mixto. El presidente de la Cámara no recurrió esta vez al recuento general para comprobar la asistencia real.