El Congreso aprobó creditos por valor de 39.000 millones para la Generalitat

El Congreso aprobó ayer un proyecto de ley con trámite de urgencia por el que se conceden dos créditos extraordinarios por un importe total de 38.951.572.060 pesetas en concepto de liquidación de insuficiencias de crédito de los años 1981, 82 y 83 a la Generalitat de Cataluña. El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, que defendió el decreto ley lo justificó como el deseo del Gobierno de dotar a todas las comunidades autónomas de los adecuados instrumentos financieros y anunció que está a punto de ser fijada la ley de porcentajes que se aplicará con métodos homogéneos.Boyer expuso a la Cámara que la Generalitat ha tenido que recurrir al crédito en cantidades importantes por insuficiencias de la Administración central, y que en 1983 se encontró con una situación financiera de extrema gravedad, lo que justifica la urgente necesidad del decreto ley. Francisco Fernández Marugán, por el Grupo Socialista, afirmó que el acuerdo final tras los trámites seguidos es un arreglo beneficioso para el tesoro y sobre todo para el Estado.

Gregorio López Raimundo, en nombre de los comunistas, anunció su voto en contra porque el monto a compensar entiende que era muy superior y explicó que su grupo ha estado en contra de que el problema se arreglara entre el presidente de la Generalitat y el del Gobierno sin que la comisión de traspasos tuviera ocasión de intervenir. José Miguel Bravo de Laguna, en norribre de los centristas, anunció su abstención por falta de información y porque la técnica del decreto ley es dudosa. Carles Gasoliba, por la Minoría Catalana, mostró su conformidad, y Juan Manuel Fabra, de Coalición Popular, sugirió que antes del 1 de abril queden establecidos los porcentajes de participación de cada comunidad en los Presupuestos Generales del Estado. Calificó de heterodoxa la fórmula del decreto ley y sugirió, y le fue aceptado, que éste se convirtiera en proyecto de ley con tramitación de urgencia.

El proyecto de ley de la concesión de ayudas a empresas periodísticas y agencias informativas fue votado favorablemente para su traslado a comisión, en contra del Grupo Popular que solicitó su devolución al Gobierno, y además presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Javier Moscoso, ministro de la Presidencia, defendió el proyecto como una ley de ayuda a una prensa independiente y que presenta como característica la cautela de la transperencia respecío a esas ayudas.

Juan Ramón Calero, del Grupo Popular, que defendió las dos enmiendas a la totalidad, calificó el proyecto del Gobierno como repleto de inseguridades jurídicas. Pedro Bofill, en nombre de los socialistas, dijo que la ley permitirá distribuir las ayudas a la prensa por medio de criterios objetivos.