Periodistas y empresarios buscan fórmulas de autocontrol para evitar la intervención de los poderes públicos en la Prensa

Los profesionales y empresarios españoles de la comunicación califican de histórico para la prensa el momento actual. Liberados de la mordaza y del intervencionismo estatal de tantos años buscan ahora fórmulas de autocontrol no sólo para corregir los propios abusos, sino también para que no sea de nuevo el Estado, el Gobierno, el Parlamento o el poder judicial quien imponga al desarrollo de su trabajo un régimen especial distinto al que tiene cualquier ciudadano.

Las posiciones están todavía, a las puertas de la próxima reunión el día 17 de este mes, muy distanciadas, pero todos son conscientes de que se juegan la credibilidad de una prensa que tiene detrás no sólo a los periodistas y empresarios, sino fundamentalmente al ciudadano de un país libre y democrático que utiliza este medio precisamente como instrumento para participar en la democracia.En los países europeos con una libertad de Prensa más consolidada -como Gran Bretaña, Suecia o República Federal de Alemania, por ejemplo- funcionan Consejos de Prensa, creados y controlados por los implicados en el mundo de la búsqueda y elaboración de la in formación, que desempeñan fundamentalmente una doble función: una de defensa contra las; amena zas exteriores a la libertad de expresión y otra que mira hacia el interior y alerta precisamente contra el uso poco cuidadoso que pueden hacer los hombres de Prensa de esa libertad. Estas funciones están encomendadas normalmente a periodistas y empresarios de Prensa.

En España hay que crear estos órganos de autocontrol, según explican repetidamente empresarios y periodistas, porque la actual Administración, que tiene ya preparado el texto normativo que desarrollará el artículo 20 de la Constitución referido a la libertad de expresión y que sustituirá a la denominada Ley Fraga de 1966, ha expresado su intención de no intervenir en la regulación de la profesión a no ser que los propios protagonistas no quieran o no logren ponerse de acuerdo para llegar a un compromiso, que no tendría rango legal, de autorregulación de la profesión periodística.

Hasta ahora las partes, representadas mayoritariamente por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, la Unión de Periodistas, la Federación Nacional de Asociaciones de Radio y Televisión, la Asociación de Editores de Diarios Españoles, la Asociación de Revistas de Información, la Asociación Nacional de la Radiodifusión Privada y los sindicatos UGT y CC OO, no se han puesto de acuerdo en la fórmula, el contenido y las competencias de un posible instrumento de autocontrol.

Existe ya un primer adelanto de acuerdo más o menos tácito de las partes en torno a una triple vía de acceso a la profesión que podrá hacerse ya sea a través de la licenciatura de cinco años en las Facultades de Ciencias de la Información, por medio de otra licenciatura universitaria y dos años de práctica en Periodismo o ya sea a través de cinco años de práctica profesional continuada y remunerada.

El acceso a las redacciones

Los empresarios consideran, no obstante, estas vías muy restrictivas y defienden la total y absoluta libertad de contratación de los trabajadores de las redacciones, las asociaciones profesionales y los sindicatos se muestran partidarios de clarificar este acceso con el fin de dar preferencia en el trabajo de Prensa a profesionales preparados y especializados en el terreno de la información. Las mismas posiciones se vuelven también a encontrar y a disentir en en tema del carné o la acreditación profesional.El tema, que probablemente será el de más difícil negociación, se refiere al establecimiento de un Consejo de Información. Los empresarios sólo están de acuerdo con este Consejo siempre y cuando tenga la misma estructura que los consejos de Prensa europeos, es decir: que esté integrado esencialmente por periodistas y empresarios y presidido por alguien ajeno a la profesión -normalmente un jurista-, que tenga unas funciones exclusivamente éticas.

Frente a esta postura los sindicatos y la Unión de Periodistas defienden, de entrada, un Consejo de la Información que tenga contenidos y funciones no sólo éticos y profesionales, sino también de defensa del pluralismo informativo y en buena medida de los derechos sociales de los trabajadores ante los empresarios y de defensa de la intromisión de la Administración en las tareas informativas. Defienden también la participación de los sindicatos.