La presión de EE UU evita que la reunión de Londres se pronuncie contra los enterramientos nucleares

Las fuertes presiones de Estados Unidos han impedido que la 8ª Conferencia de la Convención Internacional sobre Vertidos en el Mar, celebrada en Londres, se pronuncie contra el enterramiento bajo el lecho marino de residuos de alta radiactividad, pese a que 17 de los 36 países asistentes, y entre ellos España, se habían declarado en contra. Ninguna de las naciones que patrocinaron la prohibición se atrevió a someterla a los votos de los presentes, no sólo por no arrostrar directamente las iras de Washington sino porque todo el mundo observaba que las otras delegaciones se encontraban en la misma situación escasamente decidida. En palabras del jefe de la delegación española, José Luis Pardos, "no existía ambiente para pedir un voto". Además, explicaron otras fuentes, los enterramientos no serán técnicamente posibles, en el mejor de los casos, hasta dentro de 10 años, por lo que nadie estimó conveniente provocar un enfrentamiento en estos momentos.

Un punto positivo

El texto aprobado por consenso como resumen de la conferencia tiene un solo punto positivo. Estados Unidos, como el Reino Unido, Francia, Suiza y los Países Bajos, que formaron siempre cuña con Washington, han aceptado que la convención de Londres es el foro internacional apropiado para estudiar el problema de los enterramientos. Hasta este momento, estos países mantenían que la Convención trata sólo de vertidos y que los enterramientos eran materia de la Agencia de Energía Atómica, o de la OCDE, dos organismos controlados por los países de alta tecnología. Los países a favor de los enterramientos aceptaron también no realizarlos hasta que se demuestre que son "ambientalmente aceptables" y que los residuos quedan efectivamente aislados del medio marino. Asimismo, decidieron esperar hasta que la convención elabore un mecanismo que regule el depósito de estas sustancias.Este último párrafo puede ser objeto de una interpretación muy favorable a Estados Unidos, porque supone que todo el mundo da por sentado que los enterramientos de alta radiactividad son legales en determinadas circunstancias. Es decir: España, como los otros 16 países, parece haber cedido en el problema de principio: negarse a que se coloquen en el mar o bajo él desechos que son en potencia altamente contaminantes. José Luis Pardos aseguró que ésta no es su interpretación y que la postura española queda recogida, como la de los otros países contrarios, en un anejo adjunto a las actas de la conferencia.

En los cinco días de debates, quedó claro que Estados Unidos había arrancado a los países contrarios a esta práctica el compromiso de no pedir votaciones. Algunos miembros de la delegación española se declararon partidarios de forzarlas, pero, al parecer, existieron claras instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores en sentido contrario. Al imponer la filosofía del consenso, Washington obtuvo una ventaja.

Según el texto consensuado, las investigaciones podrán continuar, aunque los países interesados se comprometen a no experimentar utilizando residuos de alta radiactividad. Las dos zonas elegidas hasta ahora para dichas investigaciones están en el Caribe y en el Atlántico cerca de las islas Canarias. Una vez elaborada la técnica que permita enterrar los residuos sin que estén en contacto con el medio marino, se estudiará en el seno de la convención una serie de normas que regulen dicha práctica. Será en ese momento cuando los países contrarios podrán suscitar inconvenientes e intentar paralizar el proceso. No obstante, para entonces Estados Unidos, el Reino Unido y Francia habrán invertido ya una fuerte suma de dinero en las investigaciones.