El Ministerio de Obras Públicas ya puede cobrar, con varios años de retraso, el importe de 18.000 viviendas sociales .

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) podrá, a partir de ahora, cobrar el importe de las 18.1000 viviendas construidas y entregadas en los últimos cinco años dentro del plan de remodelación de barrios. La regularización de las condiciones de venta de los pisos a sus ocupantes se hace posible gracias a un decreto aprobado el pasado miércoles por el Consejo de Ministros. Hasta la aprobación de este texto, los miles de familias que habían ocupado sus viviendas, a lo largo de los cinco últimos años, no han tenido necesidad de pagar ni la entrada ni los plazos fijados por la Administración, al no disponer ésta de ningún mecanismo legal para realizar el cobro.

Aunque el decreto no ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tampoco figuraba en la ampliación que se difunde al término del Consejo de Ministros, fue calificado por fuentes de la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid como "muy importante".El mismo MOPU, a través de su oficina de prensa, reconocía en un comunicado, hecho público el mismo miércoles, que "con este decreto se da cobertura legal suficiente a las actuaciones de remodelación de barrios". Una remodelación que, a pesar de su importancia para Madrid -38.000 nuevas viviendas en 28 barrios-, sólo estaba regulada por una orden comunicada, es decir, una orden interna no publicada en el BOE, que dictó en mayo de 1979 el entonces titular de la cartera, Jesús Sancho Rof. A esta orden se unió un acuerdo del Consejo de Ministros no publicado oficialmente.

Imposibilitados para cobrar

Según la nota del MOPU, "los incongruentes y dificultades de todo tipo que lleva consigo una actuación de esta envergadura han puesto de manifiesto la insuficiencia de las indicadas medidas, y se ha hecho necesario, a la vista de la experiencia transcurrida, arbitrar desde más amplios puntos de vista un conjunto de medidas y actuaciones de carácter excepcional, que permitan dar solución adecuada a los problemas derivados de las limitaciones de las previsiones anteriores".Francisco de Vera, director general del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda (IPPV), reconoció que el decreto aprobado supone corregir una situación anómala derivada de la escasez de normativa.

Según Vera, los responsables del organismo se encontraban imposibilitados, hasta ahora, para cobrar las viviendas, y el decreto aprobado el miércoles supone el desbloqueo de esta situación. Sobre las razones de la tardanza en ser aprobado por el Gobierno socialista, Vera argumentó que ha sido dificil de realizar porque se querían respetar en su integridad las normas anteriores.

"Habrá que buscar soluciones y fórmulas para que los ocupantes de las viviendas ya habitadas paguen ahora. No creo que haya problemas, pues los adjudicatarios de los pisos están interesados en pagar para consolidar su carácter de propietarios", manifestó el director general del IPPY. Entre las citadas fórmulas es probable que figure el cobro simultáneo del recibo de cada mes y el de una de las mensualidades antiguas pendientes de pago, aunque no hay ninguna decisión firme.

Vera manifestó que el cobro se hará bien a través de banco o en las oficinas del organismo, y que previamente se informará a los adjudicatarios de las viviendas del sistema escogido.

Beneficio para los ocupantes

El precio de las viviendas, a pesar del retraso con el que van a ser cobradas, no experimentará ninguna subida sobre el que se fijó cuando se entregaron, pues no es imputable a los ocupantes. Ello supondrá un beneficio. para los primeros ocupantes, ante la devaluación de la moneda sufrida desde 1979, y la consiguiente pérdida para las arcas del Estado.La cantidad media a pagar por vivienda, según fuentes del IPPV, es de 2.900.000 pesetas, de las que hay que efectuar una entrega inicial del 5%; el resto es pagadero a lo largo de 35 años. En la actualidad existen 17.958 viviendas construidas y ya habitadas, y otras 11.724 se encuentran en construcción. De éstas últimas, 8.266 serán entregadas este año, al tiempo que se inicia la construcción de las restantes, con el objetivo de terminar el plan en 1988.