La Asociación de magistrados rechaza el acceso de juristas a la función Judicial mediante concurso
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), única que agrupa al colectivo judicial, ha emitido un informe sobre el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial elaborado por el Minisiterio de Justicia. Entre otras críticas al anteproyecto, la APM denuncia el recorte de poderes del Consejo General del Poder Judicial en beneficio del departamento de Justicia y valora como "un retroceso" de la independencia judicial tanto la merma de atribuciones al Consejo General en la elaboración del Presupuesto, como la apertura de una nueva vía de acceso a la judicatura distinta de la oposición: el concurso "entre juristas ole reconocida competencia con más de seis años de ejercicio profesional".
El anteproyecto de ley orgánica se encuentra en estos momentos pendiente del informe del Consejo General del Poder Judicial. El documento de la APM, de 85 folios de extensión, significa en buena medida un anticipo del contenido de aquél, ya que la influencia de la citada asociación es notoria sobre el consejo, especialmente sobre los 12 vocales elegidos por los propios jueces. Tanto la mayoría del consejo como la mayoría de la asociación judicial coinciden en la defensa de las máximas competencias para el órgano de autogobierno de la justicia.El tema que quizá suscita el máximo rechazo de la asociación judicial es la disposición según la cual durante los tres años siguientes a la entrada en vigor de la futura ley, "el Consejo General del Poder Judicial reservará, para su provisión por concurso entre juristas de reconocida competencia con más de seis años de ejercicio profesional, la tercera parte de las vacantes existentes en la categoría de juez". La APM pide la supresión "sin paliativos" de esta disposición y señala que viene a acumularse al tradicional quinto turno de juristas para acceso al Tribunal Supremo y a la reserva de un cuarto turno para el directo acceso de abogados y otros juristas a la categoría de magistrados.
La asociación recuerda que su último congreso se pronunció en favor de la oposición como único sistema selectivo y añade que "por razones de principio ha de rechazarse cualquier sistema de reclutamiento de los jueces que no sea el señalado de la oposición libre". Estima que el sistema de concurso "merma las expectativas de los posibles opositores a la judicatura" y no presenta ninguna garantía de que "a la jufficatura lleguen juristas eminente:s", dado el nivel de remuneración de la carrera, "comparado con el de aquellos juristas que verdaderarnente han obtenido el prestigio que pretende invocarse en sus respectivas profesiones".
Para la APM, la necesidad de jueces puede ser resuelta "con la convocatoria constante de oposiciones, a las que irán cada vez más letrados y juristas vocacionales si se acompañan de otros incentivos necesarios". Y hasta tanto el cuerpo judicial se nutre por "su venero natural" -el sistema de oposición-, la APM contempla la cobertura de vacantes mediante fórmulas tales como las suplencias, el trasvase desde el cuerpo de fiscales y la promoción del secretariado.
En contraste con esta posición dura de la APM ante una iniciativa del Ministerio de Justicia que fue saludada en sectores jurídicos progresistas como una forma de oxigenar la función judicial y restarle espíritu corporativo, la corriente Jueces para la Democracia en las conclusiones aprobadas recientemente en Sitges (Barcelona), encuadra la incorporación de juristas a juzgados y tribunales dentro de la reforma del sistema de oposición y "sobre la base de facilitar el ingreso en la Escuela Judicial y que ésta cumpla una función efectiva de formación y selección de jueces".
Autonomía presupuestaria
El informe de la APM propone que las facultades del consejo general en orden a los presupuestos no se limiten a la elaboración del anteproyecto del propio consejo, sino que se extiendan a "la formulación de todo el Presupuesto de Gastos de la Administración de Justicia en su conjunto", así como a su gestión. Una de las consecuencias de esta posición es la reivindicación para el consejo general de las funciones que el anteproyecto asigna al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, de "proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desempeño de su función con independencia y eficacia". La APM defiende que sea el consejo, y no el Gobierno, el que provea de medios materiales a los órganos judiciales, "con la úni ca precisión, como es lógico, de que ello deberá ajustarse al presupuesto aprobado por las Cortes Generales". Igualmente reclama para el consejo, junto a la facultad reglamentaria interna, la externa.
