La audiencia envía al Supremo el sumario de la colza para el posible procesamiento de altos cargos

La lección Segunda de lo penal de la Au diencia Nacional ha enviado al Tribunal Supremo el sumario instruido. por la comercialización de aceite de colza desnaturalizado causante de¡ síndrome tóxico, para que decida el posible procesamiento de siete altos cargos de la Administración de UCD sobre los que la Audiencia no ha podido descartar los indicios racionales de criminalidad.El auto dictado por la Audiencia Nacional recuerda el artículo 46 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, por el cual él enjuiciamiento de subsecretarios, secretarios de Estado y directores generales por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, le corresponde a la sala segunda del Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional señala que no puede descartar fundada y tajantemente los indicios racionales de criminalidad de los altos cargos sobre los que se solicitó su procesamiento.

Agrega que es probable la omisión de diligencias que se tenían que haber realizado en el curso de las actuaciones administrativas de Antonio Rúa Benito, ex director general de Aduanas e impuestos especiales; José Luis García Ferrero, ex subsecretario de Agricultura; José Manuel Rodríguez Molina, ex director general de Industrial Agrarias; Agustín Hidalgo de la Quintana Torroba, ex secretario de Estado de Comercio; José Guilló- Fernández, ex director general de Competencia y Consumo y ex comisario general de Abastecimientos y Transportes; José Ramón Bustelo y Garicía del Real, ex director de Política Arancelaria y Luis Valenciano Clavel, ex director general de la Salud Pública.

En el auto citado se indica también que la incidencia de conductas culposas de estas siete personas -entreveradas con las de otras personas, procesadas o procesables en el curso del proceso- no excluye los indicios de un presunto delito de imprudencia del artículo 565 del Código Penal.

Los acusadores particulares solicitaron a mediados de enero el procesamiento de 11 altos cargos de la Administración, así como el de tres concejales de Alcorcán y otros 11 industriales o químicos del aceite, debido a supuestas negligencias o irregularidades. Con anterioridad también habían solicitado el procesamiento de algunos de estos altos cargos, pero el juez instructor los había denegado.