La dimisión de Escuredo abre paso a un probable cambio en el proyecto de reforma agraria

Cuatro días después de la dimisión de Rafael Escuredo como presidente andaluz, que no ha sido acompañada aún por ninguna otra ni en la Junta ni en el PSOE, se abre la incógnita respecto al futuro de la ley de Reforma Agraria, sobre la que algunos observadores estiman que era una empresa personal del ya ex presidente más que un compromiso formal del partido socialista. La posibilidad de una alteración del texto hasta ahora existente se presenta como la más inmediata y polémica consecuencia de la salida de Escuredo.

El anuncio de que el Gobierno andaluz proyectaba poner en marcha la reforma agraria fue lanzado por Escuredo en Ronda, en el curso de un acto conmemorativo del cincuentenario del Congreso Georgista. Dos días antes, Miguel Manaute, consejero de Agricultura de la Junta, había puesto de relieve en el Parlamento andaluz, en respuesta a una interpelación comunista, que no estaba en marcha ningún proyecto en este sentido. Eso dio paso a la interpretación de que el anuncio era un nuevo gesto de Escuredo para salir de una situación difícil, en esta ocasión creada por las elecciones municipales, en las que su intervención en Córdoba, poco afinada y posteriormente manipulada, fue seguida de un sonoro triunfo comunista y de un muy mal resultado para el PSOE, que quedó incluso por detrás de Alianza Popular.No obstante, en el texto del actual proyecto de ley ha tenido un papel preponderante, incluso superior al del propio consejero de Agricultura, el hombre que, junto a Rodríguez de la Borbolla, ha tenido mayor importancia en el planteamiento y solución de la crisis que en los tres primeros días de la semana pasada desembocó en la salida del presidente de la Junta. Se trata de Angel López, jurista prestigioso y que, además de portavoz parlamentario del PSOE, es uno de los cinco asesores del heterogéneo gabinete personal de Escuredo.

El proyecto de ley puso en guardia a la derecha, a pesar de que resultara insuficiente para la izquierda, y en especial para los 200.000 jornaleros sin tierra que existen en Andalucía y que automáticamente, y como era de esperar, tradujeron la expresión reforma agraria por la tierra, para el que la trabaja, implantada en su memoria colectiva. El propietario agrícola se encuentra expectante e incluso nervioso ante lo que salga de este texto, y especialmente indignado por el impuesto de infrautilización que propone el proyecto de ley, una especie de multa con la que se sancionaría a los propietarios que estén por debajo del rendimiento óptimo.

Este impuesto de infrautilización, aparte de tener una dificil aplicación técnica, por la enorme complejidad de factores que concurren en una explotación agrícola, puede resultar inconstitucional. De hecho, algunas fuentes solventes estiman que la introducción de este impuesto puede ser una trampa tendida a Escuredo. Una vez que éste se halla fuera de la Junta, el PSOE se enfrentará, según esta versión, al problema de suavizar la ley y, en especial, de suprimir el debatido tema del impuesto de infrautilización.

Impotencia

El futuro presidente tendrá ante sí otros problemas que resolver aparte de esta delicada reconducción del citado proyecto de ley. Por un lado, va a cargar sobre sí con la acusación de centralismo, dado que la marcha de Escuredo ha sido explicada, en general, como una renuncia ante su impotencia para trazar una política autonomista frente a la presunta intransigencia centralista de Guerra.Aunque fuentes del Partido Andalucista han manifestado su decepción ante el hecho de que Escuredo no haya lanzado explícitamente ninguna acusación de centralismo contra el PSOE, la versión de que ésa ha sido la causa de su salida coloca a Rodríguez de la Borbolla en la condición de sospechoso de estar dispuesto a cultivar una política centralista. De hecho, parece claro que el Partido Andalucista deberá salir favorecido de la marcha de Escuredo, a quien se consideraba como nexo imprescindible entre el PSOE y el andalucismo.

Otra sombra que tendrá que despejar el nuevo presidente -popularmeente conocido por Pepote- es la acusación de practicar inmoderadamente el pepotismo, término acuñado entre la derecha andaluza para describir una forma peculiar de nepotismo de la que, en su opinión, es contumaz practicante Rodríguez de la Borbolla, y varios de cuyos familiares ocupan puestos en la Administración. Según publicaba ayer Abc, hasta 14 allegados del próximo presidente están ocupando cargos públicos. Entre ellos se encuentran dos hermanos y su mujer.