El sector privado se siente "cercado" por la Administración socialista

Los empresarios de la enseñanza privada agrupados en la Confederación Española de Centros de Enseñanza acusaron ayer a la Administración socialista de estar ejerciendo un verdadero cerco sobre el sector, mediante lo que califican como "sistema demencial de inspección" y el ejercicio de "amenazas y de presiones continuas sobre los dire¿tores de los centros".El presidente de la CECE, el sacerdote agustino Ángel Martínez Fuertes, cree que estas medidas son una verdadera pre-Lode, que no augura nada bueno pafa el futuro de la enseñanza privada cuando la ley se haya aprobado. Una ley que, según Saturnino Martínez, presidente de la asociación patronal de Madrid, "encierra una expropiación camufiada y gratuita de los centros privados, a los que se quiere convertir por la vía de los hechos en estatales".

En respuesta a una observación sobre la actitud de los empresarios en el pasado, en el sentido de que no siempre reivindicaron la necesidad de un pacto en materia de política educativa, Martínez Fuertes reconoció que tal vez se hubiera cometido el error, que él mismo se atribuía en parte, de no haber reclamado con la misma insistencia el pacto cuando el Gobierno de UCD consiguió veraprobado el Estatuto de Centros Escolares,

En descargo de esta actitud, recordó la posición crítica de los empresarios privados ante la ley General de Educación de 1970, "a pesar de que eran tiempos muy distintos". Martínez Fuertes aseguró .que a dicha ley, aprobada por las Cortes orgánicas de la dictadura, se habían llegado a presentar 11.000 enmiendas. "Por otra parte", dijo, "no debe perderse de vista que todos los pactos escolares europeos,han sido realizados con gobiernos socialistas".

El presidente de la CECE se quejó de la inutilidad de todos los esfuerzos de "diálogo a todos los niveles" que su organización ha realizado antes y después de la multitudiaria manifestación contra la LODE celebrada en Madrid el pasado 17 de diciembre. Según este dirigente empresarial, el texto que ha entrado en el Senado sigue planteado en. términos absolutamente inadmisibles para los empresarios.

En este sentido, en un documento entregado a los informadores se recogen los aspectos que los empresarios consideran como "propuesta última" y de "mínimos aceptables". Son una serie de precisiones a los artículos 22, 57 y 60 del proyecto, encaminadas a asegurar el poder de los titulares de los centros concertados en cuanto a la aprobación de los presupuestos del centro y del reglamento de régimen interior del mismo, así como en materia de contratación y despido de los trabajadores.