Escuredo deja pocos logros en más de cuatro años de gobierno

La dimisión del socialista Rafael Escuredo, tras cuatro años y medio como presidente de la Junta de Andalucía, ha llegado precisamente cuando la autonomía de esta comunidad estaba a punto de alcanzar su pleno desarrollo y había que empezar a administrar el autogobierno, a hacer cosas. Mientras ha durado la lucha por la vía del artículo 151 de la Constitución, y más tarde el largo proceso negociador de las transferencias, Escuredo ha sido un político hábil, nada ideologizado y acostumbrado a los gestos y las valentías. Pero sus críticos le negaron siempre capacidad para gobernar con eficacia en una situación de normalidad. Ahora es ya imposible comprobarlo.Pasado el gran momento del 28-F, cuando se aprobó la autonomía andaluza, la actividad política de Escuredo desde la presidencia de la Junta de Andalucía se ha centrado en la conquista de competencias suficientes para ejercitar la autonomía. Con Unión de Centro Democrático en el poder, el problema encontraba un culpable fácil, y el agravio comparativo con vascos y catalanes era un recurso habitual. Cuando el PSOE subió al poder, los socialistas andaluces comprendieron, tras varios meses de expectativa, que el diseño del Estado de las autonomías no es el mismo visto desde Madrid que desde Sevilla.

El caso es que en este 1984 es cuando de verdad iba a constatarse si la eficacia en la gestión acompañaba a la enorme popularidad del presidente. Con una cierta complicidad de la oposición, los meses de 1983 se dejaron pasar sin mayores traumas, en la coincidencia de que había que dejar tiempo a la nueva Administración central para desembarcar en los asuntos y poner orden en el desconcierto autonómico sembrado por la extinta UCD.

Pero durante el pasado año y medio de gobierno autónomo presidido por Escuredo, puede decirse que sólo se han puesto las bases organizativas y políticas para poder funcionar. La estructura del poder autonómico ha quedado pergeñada. La dimisión de Rafael Escuredo le impedirá protagonizar dos ternas fundamentales de su legislatura: la reforma agraria, considerada por él mismo como el proyecto de más envergadura de este período, y el plan económico para Andalucía en el próximo trienio, el primero que una comunidad autónoma pondrá en marcha con planteamiento propio.

Precisamente en una materia en que las competencias estaban traspasadas desde hace un año, en educación, ]la labor desarrollada por la Junta de Andalucía ha sido especialmente polémica, aunque en esta conflictividad han influido circunstancias políticas nacionales ajenas a la estricta actividad de la consejería. correspondiente, como la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE).

Sin la reforma agraria, y con un plan que todavía está en fase de proyecto de ley, la actuación económica del Gobierno andaluz hay que limitarla, en sus aspectos más positivos, al plan extraordinario de inversiones de 1983, que supuso un desembolso de más de 10.000 millones de pesetas en las comarcas más deprimidas y logró un nivel de ejecución ligeramente superior al ordinario en la Administración central.

Pero los grandes temas económicos escapan, por ahora, al control de la Junta de Andalucía, y diversos incidentes internos, con celos y ambiciones, llevaron en octubre pasado al desmantelamiento de la Consejería de Economía, de la que se sustrajo toda competencia en industria y energía, con la consiguiente dispersión de la política económica, agravada por la autonomía mostrada hasta ahora por el consejero de Hacienda.