Obstruccionismo en el Senado

EL OBSTRUCCIONISMO no es una táctica desconocida en los debates parlamentarios de los sistemas democráticos. Ahora bien, la exhibición de los precedentes registrados en otros países -o en nuestro propio pasado- no elimina la penosa sensación de que esa viciosa práctica dilatoria, que permite retrasar anormalmente la aprobación de cualquier norma mediante la artificiosa acumulación de obstáculos procesales, constituye un abuso de las reglas del juego y atenta contra el prestigio de las instituciones. El aluvión de enmiendas presentadas por los senadores de Alianza Popular al proyecto de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), votada ya en el Congreso, pretende, sin duda, acogerse a esa abusíva táctica que, sin conculcar de manera directa la letra de los reglamentos, pone en escena una verdadera huelga de celo parlamentaria.Las 4.160 enmiendas suscritas por los representantes de Alianza Popular son una parodia procesal de Fuenteovejuna: ningún artículo del proyecto de la LOAPA queda indemne y ningún senador del grupo conservador ha dejado de estampar su firma en alguna de las propuestas de alteración. No se trata, por supuesto, de una casualidad estadística o de la azarosa confluencia de los bientencionados propósitos reformistas de los senadores de Alianza Popular, sino de una manifestación disciplinadamente organizada por los coordinadores de su grupo parlamentario. La lectura de buena parte de las enmiendas, en su mayoría animadas por un sospechoso celo en favor de las sinonimias y de las variantes sintácticas, pone de relieve que no estamos en presencia de una aburrida discusión conceptual sino de una amable tomadura de pelo.

Detrás de esa táctica obstruccionista hay, por supuesto, algo más que esa tentativa de la derecha conservadora española de remedar los estilos y los métodos del radicalismo europeo, que practicado en buen númewro de ocasiones esta táctica parlamentaria. El propósito último de las maniobras dilatorias es ganar tiempo para que, con la posterior ayuda de un eventual recurso previo ante el Tribunal Constitucional, la futura LODE no pueda ser aplicada en el curso 1984-1985. Es probable que algunos sectores de la mayoría parlamentaria sientan una cierta desmoralización ante la idea de que cualquier negociación con la derecha conservadora en este terreno está condenada al fracaso a menos que el Gobiemo acepte hasta la última coma de las rectificaciones que la oposición pretenda imponerle. No se puede decir, en verdad, que los socialistas no hayan derrochado prudencia y cautela en la cuestión educativa. La moderación inicial del proyecto de la LODE -un equilibrado intento de armonizar los diferentes mandatos constitucionales contenidos en los artículos 16, 20 y 27 de nuestra norma fundamental- quedó reforzada, tras las conversaciones y negociaciones con la jerarquía eclesiástica, para dar satisfacción, en la medida de lo que fuese constitucional y políticamente posible, a las reivindicaciones de los colegios religiosos. El voto favorable dado en el Congreso a la LODE por los diputados de Minoría Catalana, cuyo modelo de sociedad coincide en teoría con los postulados defendidos por Alianza Popular, puso de manifiesto que el llamado pacto escolar había sido ya alcanzado en sus líneas fundamentales.

Ahora, el obstruccionismo de la oposición en el Senado muestra, a la vez, la intolerancia de nuestro conservadurismo, siempre dispuesto a descalificar como totalitaria la aplicación de la regla democrática de las mayorías, y la punta provocadora de una actitud orientada a desalentar la buena voluntad negociadora en las filas socialistas. El Gobierno ha dejado ya en las alambradas de la negociación, culminada en el acuerdo con CiU en el Congreso, parte de sus planteamientos teóricos sobre el desarrollo del sector público de la enseñanza, y ha comprometido más de 100.000 millones de pesetas de fondos presupuestarios para las subvenciones a los colegios privados. El desenfrenado apetito de la oposición conservadora, que niega a la mayoría parlamentaria capacidad para legislar de acuerdo con su programa electoral y que pretende imponer sus puntos de vista minoritarios a las Cortes Generales, tal vez mueva al Gobierno a lamentar retrospectivamente su propia circunspección en la redacción de la LODE.