El Plan Energético Nacional ratifica el 'parón nuclear', al reducir en cinco centrales el parque previamente autorizado

El Plan Energético Nacional (PEN), documento que será la guía de este sector entre los años 1984 y 1992, ratifica el parón nuclear anunciado por el Gobierno el pasado mes de octubre y limita a siete centrales, de las 12 autorizadas por la anterior legislatura, el parque máximo de este origen que funcionará antes de 1992. El documento -252 páginas numeradas, pastas de cartón encarnado y citas del premio Nobel K. J. Arrow- contempla el enchufe a la red de dos nuevas centrales nucleares en construcción (Ascó II y Cofrentes) y menciona dos enigmáticas Central X y Central Y, de 1.000 megavatios cada una, para ser conectadas en los años 1988 y 1990. Quizá el aspecto más llamativo, aparte de la fuerte desaceleración de inversiones que pretende, especialmente en el sector eléctrico, es el enorme esfuerzo de saneamiento rinanciero propuesto a medio plazo.

El texto del PEN, elaborado a lo largo de un año por el equipo técnico del Ministerio de Industria y Energía, se encuentra, en estos momentos, en poder del titular del departamento, Carlos Solchaga, y del presidente y vicepresidente del Gobierno. Aún experimentará retoques de vocabulario -que no de contenido- en el propio ministerio, antes de pasar a consulta del resto del Gabinete, como fase previa a su entrega a las Cortes. Una copia del documento definitivo llegó a poder de EL PAIS, pese al cuidadoso secreto mantenido por el ministerio.Un análisis inicial del documento resalta el fuerte recorte inversor que introduce sobre programas anteriores, especialmente en lo que afecta al sector electrico. Con todo, el PEN prevé unas inversiones de 1.066.943 millones de pesetas y una generación neta de empleo de 97.077 personas en el período de ejecución del mismo, es decir, en el trienio 1984-1986. Por subsectores, se concede atención a la renovación de la red de distribución y transporte de energía eléctrica, donde se generarán 24.819 empleos; seguido del petróleo, con 16.727 personas, y del nuclear, con 11.108 personas. Aquí, sin embargo, se pierden unos 12.000 puestos de trabajo, que hubieran generado el mantenimiento del anterior programa nuclear.

El texto del PEN consta de tres partes, subdivididas en seis capítulos. La primera parte se dedica a dar una visión global del plan. La segunda es un análisis desagregado del consumo y de la oferta energética y la tercera se refiere a las políticas globales de racionalización del sector energético. En la primera parte se incluye la filosofía, por llamarla de alguna manera, que justificaría el plan, así como los objetivos básicos que se persiguen con la reordenación del sector de acuerdo a las metas establecidas. En esencia, el documento denota un trabajo intensivo de análisis del sector energético español, aunque el estudio haya recibido, a priori, fuertes críticas por los aspectos polémicos que incluye, especialmente de lado del sector de bienes de equipo y del nuclear, auténticos perdedores si el Parlamento aprueba las propuestas realizadas en materia nuclear.

Precios garantizados

En previsión de las esperadas críticas, el documento contiene propuestas que se presentan como una garantía para todo el funcionamiento normal del sector energético. En materia de política de precios, por ejemplo, el PEN introduce una promesa largamente ambicionada por la industria: una autorización de subida de tarifas que permita la autofinanciación sectorial "mediante una evolución de los precios energéticos medios consistente en un crecimiento a ritmo semejante a la tasa de inflación de la economía, suponiendo constantes los precios internacionales". En resumen, se trata de permitir unas tarifas acompasadas a la evolución del índice de Precios al Consumo (IPC), siempre que no se produzca una nueva catástrofe en el panorama mundial, como una nueva crisis energética.Otro aspecto polémico es la infravaloración del consumo eléctrico, materializada en la sabida limitación al 3,3% de incremento medio acumulativo anual. Los autores del PEN justifican esta decisión afirmando que, prácticamente, todos los parques -eléctricos, petroleros, etcétera- de instalaciones energéticas están sobredimensionados para las necesidades reales del país, por lo que se conviernte en un objetivo prioritario del plan "absorber este exceso de capacidad mediante:

1) En el sector eléctrico:

- Una reducción del volumen de inversiones", cuyos efectos serán la construcción de seis centrales de carbón nacional y dos de carbón de importación, así como tres transformaciones de fuel-oil a carbón.

-Un parque nuclear previsiblemente formado por "los cinco siguientes grupos adicionales a los tres de la, primera generación: Almaraz I y II, Ascó I y II y Cofrentes. Se prevé la entrada en la red de otros dos grupos nucleares, uno en 1988 y otro en 1990". Esto equivale a decir, en términos claros, que quedará fuera de conexión (si el Parlamento no lo impide, lo que está aún por ver, a la luz de las negociaciones en curso y promesas realizadas) una central de las tres siguientes: Valdecaballeros I, Trillo I y Vandellós II.

- Un parque de nuevas centrales hidráulicas, cuyo total de potencia a instalar en el decenio es de 6.468 megavatios.

2) En el sector petrolero:

- Se prevé amortizar en el período de ejecución más de 20 millones de toneladas métricas de capacidad de tratamiento en el sector de refino, sin que se contemple de inmediato ninguna nueva inversión en unidades de conversión. Esta previsión deja fuera de lugar cualquier tipo de reconversión en las refinerías que no hayan abordado ya planes al amparo del anterior PEN. La Administración, sin embargo, se reserva el derecho a "establecer medidas de correción del desequilibrio" que existe en la nueva capacidad instalada (unidades FCC), ya que interpreta que no está muy bien adaptada a las necesidades.

Saneamiento financiero

Respecto al saneamiento financiero previsto por el PEN, el documento basa la política citada en tres principios: adaptación de inversiones, utilización de la política de precios y, por último, reforma de los mecanismos institucionales que permitan la transferencia interna de ingresos entre las distintas empresas de cada subsector energético, de forma que todas puedan alcanzar la autofinanciación en el plazo de tres años.Sobre este último aspecto -verdadera bomba del PEN, aunque ya conocida-, en el capítulo 6, referido a las reformas institucionales en. el sector energético, el PEN habla de la introducción de "un mecanismo compensatorio global", mediante el cual se mejore los actuales sistemas de compensaciones e intercambios. Se trata de considerar no sólo los costes variables sino también los fijos. Es de suponer que esta propuesta no haga mucha gracia a algunas compañías eléctricas, ya que se trata, en opinión de expertos, de cubrir defectos de gestión y planificación en unas a cargo de otras.

Para curarse en salud, el propio PEN admite que "la implantación será gradual y flexible", de modo que las empresas mantengan un incentivo para mejorar la gestión de su operación y las condiciones de seguridad. No obstante, "las bases del nuevo sistema de percepción de ingresos por las empresas se definirán de inmediato de forma que pueda ser operativo y eficaz lo más rápidamente posible".

En los subsectores del gas natural y del carbón, el PEN no es tan socialista, por decirlo de alguna manera, como lo era el programa electoral del partido en el Gobierno. Con todo, el carbón es el máximo beneficiario de la nueva política, al estimular el consumo de este producto en centrales térmicas. Lo es menos el gas natural, al que se le restringe a representar tan sólo un 4,6% dentro de la estructura de energía, primaria española.

Con este porcentaje, dicen los expertos, se limita el desarrollo del gas natural y se le condena a maximizar su aprovechamiento dentro la infraestructura existente en España, sin comprometerse a extender la red actual de gasoductos a centros de gran consumo, como Madrid. Hay silencio, por tanto, sobre la famosa propuesta de Solchaga de construir el gasoducto norteafricano y de la anteriormente prevista llegada del gas a la capital de España.