El general Loprete será entregado a las autoridades italianas

El general italiano Donato Loprete, subjefe de la Guardia de Finanzas italiana, implicado en el escándalo del petróleo que se produjo en su país, será definitivamente enviado a Italia para ser juzgado, al haber sido desestimado el recurso de súplica que había presentado contra la concesión de su extradición.La entrega de Loprete a las autoridades italianas está subordinada a a la promesa de éstas de respetar el principio de especialidad, es decir que no le juzgarán, por otros delitos de aquellos por los que está reclamado. Loprete no podrá ser juzgado por hechos que constituyan delitos fiscales, ni por ningún tribunal de excepción. La nueva resolución ha sido adoptada por el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

El general Loprete fue reclamadó a raíz de ocho mandamientos de captura expedidos por un juez de Turín y otro de Módena, entre 1981 y 1983, aunque la Audiencia sólo ha aceptado los siete mandamientos del juez de Turín, considerando los hechos como delitos comunes.

El 25 de noviembre de 1983, la Audiencia Nacional accedió a la extradición de Loprete, pero no llegó a ejecutarse la resolución al interponer éste recurso de súplica.

Los hechos imputados a Loprete indican que, de 1970 a 1980, en calidad de jefe del núcleo central de policía de Roma, jefe del Estado Mayor de la Guardia de Finanzas y jefe de la zona lombarda, en connivencia con otros cargos oficiales importantes, como el comandante general de dicho cuerpo, Raffaele Giudice, y con petroleros particulares como Bruno Muselli, Mario Milano, Cesare Chia Botti, Vicenzo Gissi, y Salvatore Galassi, constituyó un grupo que, aparte de cometer infracciones fiscales y aduaneras, logró pingües ganancias ilícitas. Loprete sustrajo, en unión del citado grupo, en territorio italiano, al pago del impuesto relativo a productos petrolíferos, grandes cantidades de mercancías sujetas al mismo entre los años 1972 y 1979.

Según se afirmaba al conceder la extradición, Loprete recibía dinero para que omitiese los deberes de su cargo. Para la realización de esos hechos se efectuaron falsificaciones de documentos públicos y otros numerosos actos de corrupción. A principios de 1980 envió documentos anónimos dirigidos a fiscales y a otras autoridades, en los que se acusaba a magistrados y oficiales de la Guardia de Finanzas de haber cometido delitos graves, aun sabiendo que eran inocentes. Los magistrados calumniados estaban interviniendo en la verificación de los hechos en los que el propio Loprete estaba implicado.

En la ampliación de la solicitud de extradición se añadían imputaciones relativas a la sustracción y ocultación de documentos oficiales y al delito de tenencia ilícita de armas.

La Audiencia Nacional ha llegado ahora "a la plena convicción de que no se trata de hechos aislados sino sucesivos, continuados y conectados entre sí, a través de los cuales se narra una actividad que presuntivamente se atribuye al reclarnado". Los hechos cometidos por Loprete pudieran constituir delitos de malversación, fraude, infidelidad al cargo, prevaricación, cohecho, estafa, denuncia falsa y tenencia ilícita de armas.