Presunta estafa en la construcción de una urbanización de 240 viviendas en Torrejón de Ardoz

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado la vista de la apelación contra el procesamiento por presunto delito de estafa del consejero delegado de la empresa Coivisa, así como del arquitecto y el aparejador de la urbanización Alameda, construida por aquélla en Torrejón de Ardoz, cuyos vecinos denunciaron supuestas deficiencias en la estructura interna y externa de las viviendas.La urbanización Alameda, en Torrejón de Ardoz (Madrid) consta de tres bloques, con un total de 240 viviendas, en las calles de Dublín, Estocolmo y Lisboa. En octubre de 1981, el juzgado de instrucción de Alcalá de Henares (Madrid) dictó auto de procesamiento de Vicente Colomer Hernández, consejero delegado de Coivisa, el arquitecto Francisco Moll Casares y el aparejador Arturo Cardenal García, por presunto delito de estafa en relación con la construcción de aquellas viviendas y a raíz de una querella criminal presentada por los vecinos en 1977, en base a una serie de presuntas deficiencias en la construcción de las viviendas.

El auto de procesamiento señala que "los pisos fueron terminados en 1975, se anunciaron y vendieron con base a una determinada calidad; sin embargo, no respondían a lo pactado, por lo que poco después de ser ocupados comenzaron a presentarse serias deficiencias que pudieron ser perfectamente previstas al verificarse la construcción por el arquitecto y el aparejador, de tal forma que los materiales empleados eran de muy baja calidad, por lo que se lucraron -los procesados- con la diferencia en perjuicio de los adquirentes".

Los pisos construidos por Coivisa en la urbanización Alameda, en Torrejón de Ardoz, se vendieron por un precio que oscilaba en torno a 1.500.000 de pesetas, según los modelos. Según el presidente de la comunidad de propietarios, Juan Manuel Rodríguez, la historia, en resumen, es la siguiente: "Pagamos una entrada de unas 50.000 pesetas, pero para poder ver el piso, o darnos la llave, nos exigieron una provisión de fondos de 150.000 pesetas, y eso llevó a algunos compradores a ocuparlos de manera forzada, porque aquí somos todos personas de bajo nivel económico, y aquel pago, del que no se nos había: advertido, nos resultaba excesivo".

Dos años de negociaciones

Juan Manuel Rodríguez añade que "fue entonces cuando se comprobó que los pisos estaban construidos muy mal: los ladrillos se parten con los dedos, el cemento no es cemento, sino arena, la fachada se cae y no soporta ni el peso de los faroles ni de los toldos; hay grietas importantes, las juntas de dilatación se resquebrajan. En el interior, muchos baños estaban cegados con cemento. Hay también numerosas contradicciones con el proyecto de obras respecto a carpintería y solado. Encargamos informes técnicos que descubrieron también fallos ocultos en la estructura. En fin; un desastre".Se inició un período de dos años durante el que los vecinos negociaron el arreglo de las deficiciencias con la constructora, mientras se mantenían en situación de impago y a la espera del resultado de la querella por presunta estafa que ordenaron interponer a su abogado. "Al cabo de esos dos años descubrimos que el abogado no había presentado la querella", señala el presidente de la comunidad.

En 1977 presentaron dicha querella a través de otro ahogado. El 7 de octubre de 1981, el juzgado de instrucción de Alcalá de Henares dictó el mencionado auto de procesamiento, con fianza de 50 millones de pesetas para los encartados. Según Juan Manuel Rodríguez, "la fianza no ha sido pagada". La reparación de los pisos 14 supondría un importe de 247 millones de pesetas, según un estudio técnico que hemos realizado", añade Juan Manuel Rodríguez.

Por su parte, en la asesoría jurídica de las oficinas centrales de Coivisa, en la calle del Arenal, 18, de Madrid, han manifestado a este periódico que "la empresa no tienen ninguna declaración que hacer, pues todo está dicho en el sumario y queda al dictamen de la autoridad judicial".