El funcionamiento de la empresa pública

No es cierto que la empresa pública no funcione, sino que sus beneficios no son solamente los de alcanzar un lucro económico, sino asegurar servicios a los ciudadanos, dice el autor de este trabajo. Pero también habrá entonces que medir la rentabilidad de estos servicios y suprimir toda posible corrupción en su funcionamientó o su utilización, como ha sido frecuente, a manera de sistema de retribuciones a pasadas fidelidades.

Mucha gente así lo cree. Los ultraliberales afirman que la única empresa que funciona es la empresa privada, que produce para el mercado y recibe del mercado tanto la sanción por sus errores como la recompensa por sus aciertos.Para ellos, y para otras gentes, el aspecto que diferencia a la empresa privada de la pública es que, en aquélla se dan las condiciones para realizar un cálculo económico de costes y beneficios, que facilita el reparto de responsabilidades y la toma de decisiones para asegurar su eficiencia.En la empresa pública parecería que el cálculo de los costes y beneficios es más difícil y más dificil también la asignación de responsabilidades a los dirigentes, administradores y funcionarios cuando las cosas van mal.

Efectivamente, los beneficios de las empresas públicas se tienen que determinar en función de los objetivos que se han fijado, qué no son generalmente el conseguir a corto o mediano plazo un lucro económico, sino, más bien, el asegurar un determinado servicio a los ciudadanos, el producir ciertos efectos sociales, como mantener el empleo, servir al prestigio nacional, controlar la producción de bienes estratégicos, estimular nuevas líneas de, investigación, etcétera.

Hay empresas que funcionan con una apariencia de empresas privadas, produciendo bienes y servicios para un mercado competitivo junto a otras empresas privadas nacionales o extranjeras. Pero parece que tampoco éstas tienen un motivo claro de. lucro como las demás, sino que están movidas por objetivos extraeconó,micos de carácter vario. Pensemos, por ejemplo, en los Paradores Nacionales de Turismo, en la Agencia de Viajes Marsans, en Explosivos Río Tinto, Iberia, Seat y tantas otras cuyo objetivo no es, evidentemente, ganar dinero, ya que no hacen más que generar déficit crecientes.

Cualquiera que sea el tipo de beneficios que se pretenda obtener en las empresas públicas, una cosa es clara: no pueden obtenerse con un coste desproporcionadopara la sociedad. Se comprende que en un país debe haber un servicio postal o un servicio ferroviario, aunque sea con un déficit -que es una forma de subsidiar estas importantes actividades-, pero no se comprende que estos déficit crezcan continuamente y que se renuncie a establecer una cierta adecuación de los costes a los beneficios sociales.

Cuando el conjunto de empresas públicas crea serios problemas de financiamiento al Estado, urge examinar -y no sólo por medio de auditorías- si los beneficios sociales y políticos, en todo caso extraeconómicos, son tan necesarios para la sociedad y se dan en una medida tal que justifiquen los costes. En España hay la fundada sospecha de que algunos de los presuntos beneficios extraeconómicos a las empresas públicas no representan verdaderamente -beneficios para sectores mayoritarios de la sociedad: la agencia Efe, Viajes Mársans, los Paradores de Turismo, Iberpiel, por citar algunas, son empresas que bien pudieran ser privatizadas mañana mismo sin ocasionar ningún perjuicio a la sociedad.

Beneficio social y déricit económico

Otras empresas públicas rinden beneficios reales a la sociedad: Renfe, Iberia, Astilleros, INH, etcétera, pero cabe todavía preguntarse si los beneficios son tan grandes que compensan el enorme déficit que arrastran o si más bien los beneficios reales de estas empresas en su funcionamiento diario, con mal servicio y baja productividad, están muy por debajo de los beneficios teóricos que se aducen para justificar una y otra vez su ruinoso funcionamiento.

Tiene que haber una- manera de evaluar realísticamente estos beneficios, aun sin reducirlos a cantidades de dinero,- pero dándoles una dimensión que sea de alguna forma mensurable. Para esto hay procedimientos que son dificiles de aplicar, pero que por la gravedad del asunto deben ser aplicados. Y, sobre todo, tiene que haber decisiones firmes y claras para adecuar los costes, directos y sociales, a la cuantía y calidad de los beneficios de las empresas públicas, si éstos no pueden mejorar. Hace falta asimismo determinar criterios para repartir las respon sabilidades del mal funcionamien to de las empresas públicas, a los directores,administradores o fun cionarios, según criterios de capacidad y eficiencia, dejando de lado los criterios de clientela política que han predominado en el pasado. Lógicamente, al tener un siste ma de evaluar el logro de los objetivos en las empresas públicas, se facilitarán los procedimientos para evaluar las actuaciones de sus directivos. Cuestión aparte, más grave y que exige una más inmediata solución, es la corrupción de las empresas públicas, que supone el derroche.delictivo -no ya por falta de eficiencia, sino por falta de ética- de los dineros públicos. Algunas empresas públicas han servido como elementos de un sistema de retribuciones por medio del cual la dictadura recompensaba la fidelidad de sus servidores y transfería recursos a ciertos sectores privilegiados. Ahora, y para liquidar las herencias de la dictadura, hay que suprimir ese sistema de pagos y esos mecanismos de transferencia, que son netamente injustos y frecuentemente ineficientes.