El debate sobre el aborto hace peligrar la coalición gubernamental portuguesa

El debate sobre la legalización del aborto, que empieza hoy en el Parlamento portugués, abre el camino de la primera grave crisis en la coalición socialista-socialdemócrata en que se sustenta el Gobierno de Mario Soares, en el poder desde las elecciones de abril de 1983. Ante el Parlamento se presentan dos propuestas, bastante moderadas en relación a las legislaciones actualmente en vigor en los países occidentales y defendidas, una por el partido socialista, y la otra, por el comunista.

El proyecto elaborado por el partido comunista autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en ciertas condiciones -que incluyen motivos económicos y psicológicos-. El Grupo Socialista ha presentado una iniciativa muy restrictiva y prácticamente idéntica a la legislación vigente en España.La propuesta comunista, ya derrotada el año pasado por socialdemócratas y democristianos, con abstención de la mayor parte de los diputados socialistas, no va a tener mejor suerte esta vez. En cambio, el proyecto socialista tiene todas las probabilidades de ser aprobado, ya que cuenta con los votos socialistas y comunistas.

El viceprimer ministro, Carlos Mota Pinto, líder de los socialdemócratas en el Gobierno, anticipó su regreso de Estados Unidos -donde se encontraba en visita oficial- para poder asistir al debate, y admitió que la cuestión del aborto pone en peligro la estabilidad del Gobierno. El Partido Social Demócrata (PSD) presionó al Grupo Socialista para obtener el aplazamiento de la discusión, al menos hasta después del Congreso Nacional del PSD, previsto para marzo en Braga, centro religioso de la Iglesia portuguesa.

Los obispos portugueses han organizado una campaña sin precedentes para movilizar la población contra una medida que consideran como un atentado contra el derecho a la vida y una violación de los "valores cristianos que inspiran la conciencia religiosa y moral del pueblo portugués".

Hace semanas que el aborto es tema de todos los sermones de los sacerdotes portugueses, que participan activamente en la distribución de octavillas y en la recogida de firmas contra la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El cardenal patriarca de Lisboa fue aún más lejos el pasado domingo, al hacer un llamamiento a la desobediencia civil y prohibir a los católicos que voten a los partidos que apoyen la "inicua ley".

"Esta ley", dijo el cardenal Antonio Ribeiro, "obligará a todos los ciudadanos de buena voluntad a una actitud firme de desobediencia, por todos los medios permitidos en un Estado democrático, que deberá expresarse en acciones concretas, en el desarrollo de un movimiento de opinión pública en favor de la abolición de una ley que legaliza un atentado mortal contra la vida de un ser humano inocente e indefenso".

Al contrario de lo que ocurrió en ocasiones anteriores, son esta vez los antiabortistas los que se movilizan, mientras que los sectores favorables a la legalización, tal vez convencidos de su próxima victoria parlamentaria, mantienen una pasividad casi completa para evitar echar leña al fuego a la guerra de religión que pretenden desencadenar los sectores conservadores.