Laguna legal

La resolución del Tribunal Constitucional constituye el primer caso que se produce en la historia de la Administración local española en que se declara jurísdiccionalmente la posiblidad de que los concejales cesen o destituyan al alcalde, sin que esto esté recogido en ningún texto legal. En el Estatuto de Calvo Sotelo, de 1924, y en la Ley de la República, de 1935, estaba prevista la posibilidad de expulsión de los alcaldes, pero se exigía un determinado quórum para ello. Después de la decisión del Tribunal Constitucional, la destitución de los alcaldes no exige ni quórum especial ni procedimiento previo alguno.La trascendencia e importancia de esta resolución es notoria, ya que podría provocar conmociones políticas en aquellos ayuntamientos en los que existe una mayoría inestable o en los que la designación de alcalde se hizo en base a pactos o consensos débiles o que ya han sido superados. Esta sentencia es también la primera que declara inoperante el principio de reserva de ley en el caso de un cargo público, aunque no se haya accedido a él por nombramiento directo.