Un acuerdo necesario
NO ES fácil que la opinión pública española llegue a entender o pueda admitir la ruptura de las conversaciones entre la organización empresarial y las centrales sindicales para fijar el marco general de las negociaciones colectivas en 1984. El fracaso resulta tanto menos comprensible cuanto que las posiciones iniciales de unos y otros estaban más próximas este año que en ejercicios pasados. Una ruptura que puede producir tantos daños y que esgrime en su favor tan escasos fundamentos parece más fruto de la irresponsabilidad social y de la defensa de intereses corporativos que de posiciones coherentes y razonables.Cuando la economía española se debate en una grave crisis, y cuando el angustioso problema del desempleo es universalmente considerado -por el Gobierno y la oposición, la derecha y la izquierda, los patronos y los sindicatos- como la preocupación central de nuestra convivencia, resulta desconcertante que los agentes sociales con capacidad para mantener, primero, y aumentar, después, los niveles de ocupación se aferren a posiciones rígidas y hagan imposible el acuerdo sobre la fijación de la horquilla de salarios y de las cláusulas de su revisión. Todo sucede como si las exhortaciones en favor de la solidaridad nacional, del clima de entendimiento laboral y de la lucha contra el desempleo fueran sólo parte de una liturgia por completo ajena a la búsqueda de fórmulas realmente operativas para conseguir el relanzamiento de la economía, el incremento de las inversiones y la conquista de mercados exteriores, condiciones indispensables para lograr la detención del desempleo y la creación de puestos de trabajo.
A lo largo de los últimos cinco años, los acuerdos de referencia para la negociación colectiva se habían incorporado al activo de las relaciones laborales, hasta el punto de que España parecía más próxima a los modelos del norte de Europa que a los esquemas de conflictividad mediterránea. De los 16 millones de jornadas perdidas en 1979 se pasó a los 6 millones de 1980 y a los 2,7 millones de 1982 gracias a la actitud responsable de empresarios y trabajadores, que supieron negociar el marco general orientador para los convenios sectoriales. Un pacto global facilita la negociación en cascada de, los convenios sectoriales al suministrar criterios seguros para las discusiones y disminuir la conflictividad potencial de las discrepancias. Sin ese acuerdo-marco, la renovación de los 3.600 convenios parciales pendientes en el sector privado carecería de puntos de referencia o tendría que guiarse por las directrices impuestaspor el Gobierno a la Administración pública y las empresas estatales.
Paradójicamente, resulta imposible establecer de antemano cuál de las partes -empresarios o trabajadores- podría salir beneficiada de esos conflictos desperdigados geográfica y sectorialmente. Cabe pensar incluso que unos y otros,y con ellos todos los españoles, quedarían perjudicados por esa falta de entendimiento. Nadie debe olvidar, por lo demás, que para los inversionistas extranjeros el grado de cohffictividad de las relaciones laborales es una variable de pírimera importancia a la hora de adoptar decisiones. De no llegarse a un acuerdo global, los sindicatos, por lo pronto, crearían las condiciones para que su política de redistribución igualitaria de los salarios entrase en abierta quiebra, ya que la horquilla de las remuneraciones podría abrirse espectacularmente en provecho de los sectores que pueden pagar salarios más elevados y en detrimento de los sectores en crisis. Los notables progresos de implantación social conseguidos,por UGT en los últimos años se debieron, en buena medida, a su capacidad para conseguir acuerdos razonables, de los que salieron beneficiados precisamente los trabajadores con escasas armas en sus manos para forzar alzas salariales en sus empresas. Una conflictividad extrema tan sólo repercutiría en favor de los trabajadores de elite que estuviesen en condíciones de conseguir, en detrimento de los restantes asalariados y en provecho de sus propios intereses, remuneraciones más elevadas. La desactivaci ón de las tensiones inherentes a las negociaciones puede favorecer a los asalariados tanto o más que a sus patronos, toda vez que las jornadas no trabajadas -y no devengadas- en una huelga pueden devorar fácilmente el medio punto o el punto entero de porcentaje ásperamente discutido previamente en un convenio.
Tampoco resulta fácil entender la posición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que se ha retirado de las negociaciones con el argumento de que no ve posibilidad alguna de salida satisfactoria. La suposición de que el endurecimiento de las posiciones de los empresarios en una situación de desempleo generalizado puede ser rentable para áus intereses no sólo contradice las declaraciones de los directivos de la CEOE -que han llegado a afirmar que sus ofertas hubieran sido más generosas sin la intervención del Gobierno-, sino que constituye una hipótesis doctrinaria no avalada por la experiencia. En una sociedad como la española, tan poco acostumbrada al toma y daca de las negociaciones, el resultado final de la presión sobre los salarios de una conflictividad generalizad a es imprevisible.
La CEOE pide garantías al Gobierno sobre la política económica de los pfóximos meses, en el temor de que la financiación del déficit público -mayor si aumentan más los salarios, y con ellos la inflacíón- reduzca el margen para los incrementos de crédito al sector privado. Sin embargo, las declaraciones de una autoridad monetaria tan representativa como el gobernador del Banco de España, que ha estimado en un 8% ese aumento, debilitan esos recelos. La posibilidad de que el endurecimiento de la organización empresarial refleje un deslizamiento desde posicionesestrictamente económicas a actitudes políticas, a fin de echar un pulso al Gobierno, no carece de fundamento.
