Mittterrand, España y el terrorismo

LAS RETICENCIAS de algunos sectores del nacionalismo vasco democrático -desde el PNV hasta Euskadiko Ezkerra- respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno de Mitterrand en el País Vasco francés contra dirigentes y militantes de ETA sólo pueden ser explicadas por el clima preelectoral que vive la comunidad autónoma. Mientras las actividades criminales -disfrazadas con el eufemismo de guerra sucia- contra ciudadanos con pasaporte español residentes en Francia, sean cuales sean sus antecedentes policiales, merecen la condena inequívoca y el pleno rechazo, la decisión de la Administración francesa de asignar residencia obligatoria lejos de nuestra frontera a un grupo de personas sospechosas de actividades terroristas no sólo se mueve dentro del marco de la legalidad, sino que, además, cumple con un deber de solidaridad entre sistemas que defienden las libertades y descansan sobre principios democráticos. Ningún Gobierno comprometido con los valores pluralistas debe tolerar que su territorio sirva de santuario a bandas terroristas que operan en otros países también democráticos. Existen sobradas evidencias de que buena parte de los militantes y simpatizantes de ETA domiciliados en Francia no sólo huyen de la acción de la justicia española, sino que utilizan el suelo del país vecino para preparar nuevas acciones criminales, adquirir armamento y recaudar el dinero procedente de las extorsiones contra industriales y profesionales que viven y trabajan en España.Al año de su investidura, Felipe González está recogiendo los frutos de su sostenida batalla para conseguir del Gobierno francés una colaboración más activa en la lucha contra la amenaza terrorista. Las relaciones internacionales rara vez pueden ser explicadas exclusivamente en términos de nexos bilaterales. La diplomacia personal del presidente -sus conversaciones con las personalidades que hoy dirigen la política de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica- ha contribuido a disipar las dudas de los responsables de la República Francesa sobre la urgente necesidad de colaborar con la España democrática en su combate contra las bandas armadas. Aunque los episodios de guerra sucia en suelo francés y las acciones de Iparretarrak admitan ser presentados en una relación de causa y efecto con la decisión adoptada por el Gobierno de la nación vecina, el presidente Mitterrand merece el agradecimiento de la opinión pública española. La irritación contra Francia registrada en nuestro país durante los últimos tiempos, que amenazaba con degenerar en una francofobia galopante, puede invertir su signo si el Gobierno de Mitterrand presta su apoyo en la lucha antiterrorista y si -como algunos síntomas parecen anunciar- transforma su parroquialismo en la política europea en un abierto respaldo al ingreso de España y Portugal en la CEE, como síntoma de un nuevo relanzamiento de la idea y el sueño de la unidad de Europa.

Si para conseguir la erradicación del terrorismo la colaboración de Francia es una condición necesaria, lo que implica la continuidad y la intensificación de la acción de su Gobierno en la búsqueda de ese objetivo, no constituye, sin embargo, una condición suficiente. La violencia en el País Vasco tiene antiguos orígenes -no en vano algunos ideólogos de Herri Batasuna se proclaman herederos de los carlistas del general Zumalacárregui y del cura Santa Cruz- y hunde sus raíces en complejos conflictos sociales e ideológicos nacidos de un acelerado y traumático proceso de aculturación, agravado ahora por la crisis económica y el fracaso de las fuerzas políticas vascas para conseguir un grado mínimo de consenso. La contraposición entre las medidas policiales y las medidas políticas pone de relieve ahora toda su falsedad de planteamiento. Las medidas adoptadas por el Gobierno francés tienen carácter policial o administrativo, pero son consecuencia de las medidas políticas -de política exterior, en este caso- ensayadas por el Gobierno español, en combinación con Gobiernos aliados que miran en el apoyo a España un eventual giro del PSOE en cuestiones como la OTAN o el reconocimiento de Israel.

En cualquier caso, el Gobierno de Felipe González no debe olvidar que la violencia terrorista, cuyo brutal despliegue ha hecho posible la tolerancia francesa, nació a este lado de la frontera con apoyos sociales que sólo la acción política puede suprimir o reducir a niveles insignificantes. La amnistía de 1977, la aprobación del Estatuto de Guernica, la plena entrada en la legalidad del PNV y de Euskadiko Ezkerra, la autodisolución de ETA-VII Asamblea y el funcionamiento de las instituciones vascas de autogobierno han contribuido a que la violencia de las ramas de ETA -cuyos efectos criminales continúan ensangrentando nuestro suelo- haya degenerado en una mera forma de bandidaje político y haya perdido buena parte del respaldo popular del que se benefició. Pero por razones diversas, lamentables quizá, e incomprensibles, aunque en todo caso existentes, este apoyo social permanece y es ridículo suponer que la lucha contra ETA, policial y políticamente, no necesite todavía mucho tiempo, mucha paciencia y mucha habilidad antes, de ser positivamente resuelta. La prosecución de esa línea política, que incluye, según parece, un conjunto de medidas para lograr la reinserción social a medio o largo plazo de quienes renuncien sincera y definitivamente a la violencia, no sólo no es contradictoria con una adecuada estrategia policial, sino que constituye la base indispensable para su desenvolvimiento. Porque si era cínica la postura francesa de decir que el problema vasco era exclusivamente español y que no se le podía pedir a París que lo resolviera, sería ahora cínico decir por parte de Madrid que con la colaboración gala está todo, o lo principal, resuelto.