La Seguridad Social quiere corregirse

Joaquín Almunia, que es uno de los ministros cuya imagen ha experimentado mayor transformación en relación a lo que de su actuación se esperaba en el momento de asumir el cargo, expuso ayer en una reunión informativa los aspectos más significativos del real decreto de Cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional en 1984, aprobado el miércoles por el Consejo de Ministros.La Seguridad Social constituye, sin duda, una difícil herencia por su complicada trama burocrática, por las abundantes deficiencias habidas en su gestión, por la insuficiencia de sus prestaciones y servicios y, por añadidura, el déficit que viene arrastrando como consecuencia del generalizado impago de cuotas durante los últimos años. Poner en orden su gigantesco mecanismo es una tarea en la que no pueden pedirse avances fulgurantes en el tiempo ni en la rotundidez de los resultados.

Para favorecer la política de generación de empleo se reduce para 1984 en un punto y medio el tipo de cotización en el régimen general y en los regímenes generales, asimilados a éstos con el fin de disminuir la aportación de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y reducir los costes salariales. A pesar de ello, se espera un incremento de la cotización media mensual del 2,7% en términos monetarios, que se transforma en un 4,84% si se considera el aumento del número de cotizantes. Son cifras que pueden considerarse ligeramente optimistas y cuyo enunciamiento teórico puede tropezar con las consabidas dificultades en la práctica a la hora de la recaudación.

Esta reducción de un punto y medio en la cotización empresarial, que viene a repetir la ya adoptada al comienzo de 1983, constituye un intento loable de disminuir la carga que supone para el empresario pagar una Seguridad Social que, en lo que respecta a este estamento, figura entre las más onerosas del mundo, sin tener siquiera la contrapartida de su eficacia y de la amplitud de su cobertura. Por supuesto, un punto y medio resulta un porcentaje claramente reducido, aunque haya que comprender que la capacidad del Estado para aumentar compensatoriamente su aportación difícilmente da para más. Lo que sí resulta muy dudoso es el estímulo que esa reducción pueda significar para la creación de empleo cuando las posibilidades de inversión privada padecen de forma reiterada el desestímulo que representan las medidas de política monetaria.

Joaquín Almunia informó de un superávit que, curiosamente, asciende también al 1,5% sobre las previsiones de recaudación de 1983, señalando la influencia habida en ello por la puesta en práctica del decreto del pasado mes de abril, que permitía la regulación de situaciones para los morosos y el pago aplazado de las cuotas pendientes.

6 de enero