Distribuidores y exhibidores anuncian un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto de protección al cine

El decreto de protección a la cinematografía española aprobado el pasado miércoles por el Consejo de Ministros ha creado ya una primera reacción contundente: distribuidores y exhibidores que se sienten afectados por la filosofía y por algunos aspectos concretos de esta normativa recurrirán ante el Tribunal Supremo en cuanto sepan el contenido real de este decreto. Otras voces de la producción cinematográfica han reaccionado con igual prontitud, pero en sentido inverso: juzgan esta iniciativa como un primer paso importante para conseguir la existencia futura de un cine de calidad en España. En esta página se recogen esas visiones contradictorias en las que el único punto de unión es la voluntad de conseguir para España una cinematografía mejor y la conciencia de la necesidad de una legislación distinta a la que existía. En medio de la polémica, el único silencio es el de la propia administración, que prefiere remitirse al contenido del decreto.

Los dos gremios que agrupan a los distribuidores y exhibidores de cine en España estudian la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto que regula la protección a la cinematografía española, aprobado el pasado miércoles por el Consejo de Ministros (véase segunda edición de EL PAIS de ayer). Según José del Villar, presidente de la Federación de Exhibidores de Cine, la decisión ya está tomada, pero se aguarda a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del texto legal citado.José del Villar manifestó a este diario que el decreto no tiene rango suficiente para modificar lo establecido por la ley 3/1980 de 22 de abril en la que se regulaba, entre otros temas, la cuota de distribución que administraba la concesión de licencias de importación de acuerdo con el estreno y taquillaje de las películas españolas que cada empresa distribuidora tuviera en su lista. Siempre según el representante de los exhibidores, la citada ley autorizaba al Gobierno a modificar los porcentajes aplicables para el cómputo de licencias, pero no a corregir los criterios para su concesión. "Sería lógico, por ejemplo", argumenta José del Villar, "que, ante la subida de los precios de las entradas, se exigiera que la licencia que se daba cuando un filme español sumaba 20 millones de taquillaje, no se otorgara hasta no llegar a los 26,5 millones de pesetas. Lo que legalmente no puede hacer el decreto es suprimir el concepto de estreno de filme español para dar una licencia y reducir el baremo a la proporcionalidad en el taquillaje. Con la nueva medida será prácticamente imposible conseguir una tercera licencia porque apenas hay películas españolas que den 60 millones en taquilla".

José del Villar afirma que no se opone a la subida del techo de proporcionalidad para el otorgamiento de licencia. "Lo que sí nos parece inoportuno es que esta medida se aplique paralelamente a la de una mayor protección de la producción de cine español. Lo razonable habra sido esperar a que estas ayudas dieran los resultados previstos y se incrementara la oferta de cine español realmente comercial. Entonces ya no habría problema para reducir las importaciones. Ahora, por el contrario, es previsible un desabastecimiento del mercado de exhibición cinematográfico al limitarse la presencia de filmes extranjeros y no existir producción española suficiente para cubrir el vacío creado".

Estas negras expectativas del representante de los exhibidores españoles no son compartidas por los productores ni por Alfredo Matas -productor, distribuidor y exhibidor-, que ha reconocido a este diario clue él posee 15 licencias de importación sin utilizar.

Alfredo Matas expresó ayer a este diario su total apoyo al nuevo decreto, únicamente matizado por la duda sobre los efectos que pueda tener la corrección sobre importaciones de películas. "La medida supone un claro apoyo a la producción del cine español. Ahora, en cierta manera, tendrá menos riesgo realizar una película de 80 millones que una de 20 y se terminará con la argucia de fabricar filmes españoles misérrimos con el único propósito de obtener una licencia de importación. Por otra parte, no todas las firmas norteamericanas se oponen frontalmente a este tipo de legislación. La Fox, por ejemplo, ha intervenido en la producción de Las bicicletas son para el verano y ello supone automáticamente una apertura del mercado internacional a una realización española".

Visiones contradictoria

El productor José Frade es muy crítico del decreto: "Del proyecto de decreto que el ministro nos leyó en la primera y única reunión a lo que leo hoy en EL PAIS que va a salir hay una diferencia enorme y en el caballo de batalla que eran las licencias de doblaje me temo que han ganado, como siempre, las multinacionales, porque de lo que había en el borrador a lo que leo hay un abismo".El productor Elías Querejeta, tras introducir la cautela de que desconocía el contenido literal del decreto, se sumó a las opiniones favorables sobre el mismo. "Es el primer paso importante que se da para la reordenación del cine español y su mercado. Por primera vez, la Administración se toma en serio el cine y lo hace desde un real conocimiento de su estructura industrial, superando, con una política enteramente válida, el capítulo de las meras buenas intenciones".

Antonio Recoder, secretario general de la Asociación de Distribuidores Importadores Cinematográficos de Ambito Nacional, manifestó a este diario que, no casualmente, este decreto "ha sido aprobado el día de los Santos Inocentes. Es una inocentada, pero ya está ahí. Esperemos que la decepción que seguirá a la ola de triunfalismo no se produzca a largo plazo.

El decreto recuerda la ley de García Escudero que costó al contribuyente español 15.000 millones de pesetas y que supuso la bancarrota del Fondo de Protección al Cine Español. El Ministerio ha justificado la necesidad del decreto al Consejo de Estado alegando la cifra de producción del cine español de los últimos tres años. Sin embargo, a nosotros, analizando los mismos datos ministeriales, nos da una producción inferior en 93 películas. La Administración debería explicar el origen de esta diferencia. Por otra parte, este decreto se opone a la política defendida por el PSOE en el I Congreso Democrático del Cine Español. De la autoadministración por parte de la industria se pasa al dirígismo gubernamental".