Las subvenciones irregulares a FP pueden afectar a 20.000 alumnos y suponer 1.200 millones .

Titulares de numerosos centros privados que escolarizan alumnos de formación profesional (FP) de primero y segundo grado han presentado solicitudes de subvención para unos 20.000 alumnos más de los que tienen autorizados oficialmente, según datos de un informe elaborado por la Coordinación General de Formación Profesional relativos a 354 colegios dependientes de la Administración central.

Puesto que las subvenciones en el nivel de Formación Profesional se pagan en función de número de alumnos, estos 20.000 de más podrían haberle costado al Estado unos 1.200 millones de pesetas, a razón de 60.000 pesetas por alumno y año, que es el importe medio de las distintas modalidades de ayudas.El informe oficial, cuya divulgación se produce en vísperas de una semana de fuertes acciones del sector privado de la enseñanza contra el proyecto de ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE), ha sido realizado a partir de la indagación de los datos relativos a las peticiones presentadas en octubre pasado.

Fuentes del citado organismo ministerial han manifestado que esta indagación no se había realizado nunca anteriormente desde que existe la modalidad de subvenciones a la FP privada, por lo que no sería erróneo afirmar que en cursos anteriores se puede haber estado subvencionando irregularmente a un gran número de alumnos.

El coordinador general, José Saura, que confirmó ayer a este periódico los datos del informe, manifestó que no podía asegurarse que esos 20.000 alumnos no sean reales. "Sí sería irregular el subvencionarlos sin mayores comprobaciones, como parece que ha estado sucediendo en cursos anteriores, según todos los indicios", dijo, "cuando se está comprobando que en multitud de ocasiones se incumplen gravemente las condiciones para la subvención".

"La principal preocupación de la Administración", añadió José Saura, "reside en qué hacer con esa cantidad de alumnos de más que está escolarizando el sector privado irregularmente, aparte de que somos conscientes del daño que podría producirse a los profesores que los atienden".

Gastos de mantenimiento

Entre las irregularidades concretas detectadas con más frecuencia, siempre según el informe de la Coordinación General, se reseña la presentación de justificantes por gastos de mantenimiento en un porcentaje muy superior al 15% establecido. Algunos centros llegan al 65%. Por otra parte, 70 colegios (el 20% de los investigados) se encuentran en condiciones materiales inaceptables, según la Coordinación General, y en 233 (el 66%) no se cumple el decreto de titulaciones mínimas de la enseñanza pública, aunque en muchas ocasiones esta irregularidad pueda referirse a un solo caso por centro.

En cuanto a las cifras de presunta matrícula falsa, las coordinaciones provinciales detectan diversas fórmulas empleadas por ciertos titulares de centros: desde algunos casos de alumnos matriculados simultáneamente en dos colegios distintos, al más frecuente de los que se incluyen en dos especialidades diferentes, o al de aquellos otros que figuran simultáneamente en primer curso de Formación Profesional 1 y en el octavo de EGB dentro de un mismo centro.

Del mismo modo, los coordinadores provinciales detectan anomalías en la justificación de los pagos a la Seguridad Social, y parecen haber confirmado la tantas veces denunciada práctica de dar de baja al trabajador al finalizar el curso para ahorrarse una paga extraordinaria y los haberes correspondientes a un mes de vacaciones.

Del reiterado informe oficial se desprende asimismo la existencia de al menos 50 centros que requerirían la actuación de la inspección de servicios por darse en ellos el mayor número de irregularidades más graves.