Contra el Ministerio del Interior

Un colectivo de abogados hace un análisis crítico de la política llevada a cabo por el ministro del Interior, José Barrionuevo, al cumplirse el primer año de Gobierno socialista. Los autores del artículo entienden que la actuación de este ministro ha sido regresiva en lo que afecta a las libertades públicas y consideran que su gestión no debe ser analizada separadamente de la política general del Gobierno de sumisión del ciudadano al Estado

Se acaba de cumplir estos días pasados el aniversario del primer Gobierno socialista. Aprovechando esta ocasión, diversos medios de comunicación han querido hacer una balance de la actuación del nuevo Gobierno, bien sea global o sectorialmente. Los abogados que suscribimos el presente escrito consideramos que tenemos el deber cívico de hacer también nuestro balance en el campo concreto de los derechos de la persona y de las libertades públicas.Nosotros, abogados comprometidos en la defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, queremos expresar nuestra profunda preocupación por el papel regresivo que el ministro del Interior, señor Barrionuevo, ha jugado a lo largo de todo este año a través de sus actuaciones en materia de orden público.

Recordemos algunos hitos significativos de la carrera ministerial del señor Barrionuevo:

- Encubrimiento y justificación de las actuaciones irregulares o incluso delictivas de las fuerzas de orden público: muerte de Martín Luna en Barcelona, controles de carretera con el resultado de un niño muerto (Valmojado) o heridos, agresión policiaca en los carnavales de Malasaña o en las recientes manifestaciones de Bilbao y otras localidades, intervenciones ilegales y clandestinas de la policía en el País Vasco francés, más de un centenar de casos de tortura y malos tratos denunciados y_jamás aclarados por falta de voluntad política del ministerio.

- Constante apología y muestras de identificación acrítica con los cuerpos de seguridad del Estado, nunca depurados de su papel histórico al servicio del franquismo, y mantenimiento y promoción a puestos de responsabilidad de elementos reconocidamente antidemócratas (comisarios Matute, Navales, Ballesteros, etcétera).

- Aplicación masiva o indiscriminada de la legislación antiterrorista, con todo lo que ello significa de vulneración de los derechos fundamentales de la persona, tanto en actuaciones represivas concretas como en operaciones preventivas o intimidatorias contra poblaciones enteras: peinados de Hondarribla y muchas otras localidades de Euskadi, barrio del Pilar de Madrid, proyecto del Plan ZEN (Zona Especial del Norte), etcétera.

- Iniciativa del proyecto de ley sobre terroristas arrepentidos y fomento de la colaboración ciudadana con represión, impulsando la delación y el mercenarismo como valores sociales reconocidos.

- Manifiesta intervención restrictiva del Ministerio del Interior en el proyecto de ley de asistencia al detenido, vaciándolo de todo contenido progresista. Encarnizada defensa de la ley Antiterrorista, a pesar de su inconstitucionalidad reconocida por el propio Gobierno en el punto de asistencia letrada al detenido. Oposición, en sentido asimismo restrictivo, a los proyectos legislativos del Ministerio de Justicia en la regulación del hábeas corpus y del derecho de asilo.

- Progresiva creación de un Estado policial que todo lo sepa y todo lo controle: mantenimiento de las escuchas telefónicas; orden de 25 de abril de 1983, imponiendo el control policial de todas las transacciones inmobiliarias, si bien dejando en suspenso las medidas punitivas previstas ante la avalancha de protestas; proyecto de nuevo documento nacional de identidad y puesta en marcha del plan de control y centralización informática.Peligrosos antecedentesNo es difícil encontrar en muchas de estas medidas peligrosos antecedentes en la política de orden público del franquismo. Concretándonos en la más reciente, la orden de 25 de abril de 1983, sobre alquiler y venta de pisos y locales, comprobamos que su fundamento legal es el artículo 8 del real decreto-ley de 26 de enero de 1979, sobre lProtección de la Seguridad Ciudadana, que ya establecía la obligación de facilitar a los servicios de seguridad los datos de identificación de los contratantes. En su momento, el PSOE votó en contra de la convalidación de este real decreto-ley, que el Gobierno de UCD nunca se atrevió a desarrollar reglamentariamente en el punto de control de alquileres. La legislación específica prevista para sancionar a quienes no cumplan la orden de 25 de abril de 1983, es la ley de Orden Público de 30 de julio de 1959, que todavía continúa en vigor y que regula la potestad sancionadora de las autoridades gubernativas -la misma ley que utilizó la dictadura para encarcelar sin juicio a muchos luchadores antifranquistas. No ignoramos que las iniciativas y las actuaciones del ministro Barrionuevo son inseparables de una determinada política de Estado, denominada de seguridad ciudadana, que el Gobierno socialista en su conjunto comparte y cuyo sentido profundo es forzar el establecimiento de un nuevo consenso social basado en la supeditación, servilmente aceptada, del ciudadano ante el Estado.

Queremos dejar patente que no podemos compartir este concepto de seguridad ciudadana tal y como se manifiesta en las actuaciones ejemplares del señor Barrionuevo.

Para nosotros, abogados comprometidos en la difícil tarea diaria de la defensa de las libertades, resulta especialmente intolerable la continuada erosión de los derechos y libertades democráticas en nombre de una lógica represiva entendida como única respuesta posible a las contradicciones sociales, económicas y nacionales que vive el Estado español.

En la medida que entendemos que la actuación del ministro del Interior, aunque inseparable de una política de Estado que trasciende a su persona, presenta unas formas de aplicación extremadamente agravadas de esta política, tomamos la iniciativa de proponer a la opinión pública la puesta en marcha de una masiva, campaña popular exigiendo del Gobierno la destitución del señor Barrionuevo y un verdadero cambio en la política de Interior, con el fin de hacerla respetuosa con los derechos y libertades fundamentales de la persona.