El Senado solicita información al director general de la Policía y al fiscal general del Estado

La comisión del Defensor del Pueblo y Derechos Humanos del Senado acordó ayer solicitar la comparecencia del director general de la Policía, Rafael del Río, y la del fiscal general del Estado, Luis Burón Barba, para que expliquen si se produce o no una supuesta "falta de interés" cuando una mujer va a denunciar malos tratos a una comisaría, o una presunta "lenta acogida" en la admisión de tales denuncias en los juzgados. Ésta es una de las primeras medidas que adoptó ayer la mencionada comisión del Senado, que se ha interesado por la situación de las mujeres maltratadas por sus maridos a raíz de un escrito remitido por un grupo de abogadas de Madrid.En el citado escrito, del que se hizo portavoz en la Cámara Alta la senadora socialista María del Carmen Delgado, se recogen los últimos testimonios sobre mujeres que tras haber denunciado reiteradamente haber sufrido malos tratos, han sido asesinadas, y entre otras cosas se denuncia que "ninguna autoridad judicial o policial ha renunciado a su puesto o ha cesado en su cargo, cuando se han conocido casos de mujeres asesinadas por sus maridos después de haber intentado inútilmente solicitar tutela para su vida y sus derechos más elementales ante la justicia". "Ninguna investigación", prosigue, "se ha producido por parte del Consejo General del Poder Judicial por la ineficacia de los juzgados para detener esas agresiones; y ninguna sanción para los jueces que se atribuyen competencia que no tienen (los jueces de distrito) para conocer coacciones, tentativas de parricidio, amenazas de muerte...".

Tras describir últimos testimonios de mujeres asesinadas por sus maridos, a pesar de haber denunciado repetidamente haber sido objeto de malos tratos (se recogen los números de sumario, para aseverar la fiabilidad de lo relatado, ya que muchos casos parecen increíbles), las abogadas se acogen al derecho de petición que contempla el artículo 29 de la Constitución, para que el poder legislativo, en este caso el Senado, haga algo para remediar tales situaciones.

También recogen las abogadas que la Subsecretaría de Interior, cuyo responsable es Carlos Sanjuán, acogió las peticiones que le hiciera la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a las Mujeres, patrocinada por la Comisión de Derechos Humanos de España. Estas medidas, que fundamentalmente tendían a obtener que las comisarías de su dependencia recibieran las denuncias que formulaban las esposas, prescindiendo de la relación familiar que existía con el presunto agresor, han comenzado a dar sus frutos.

Antes de comenzar sus trabajos, la Comisión de Derechos Humanos del Senado acordó ayer recabar información de las partes que intervienen en estos casos, y solicitará la comparecencia del fiscal general del Estado o de algún alto cargo del Ministerio Fiscal, del director general de la Policía, de las propias abogadas denunciantes, de la Comisión contra los Malos Tratos a Mujeres y del Instituto Nacional de la Mujer.

Asimismo, la comisión prosiguió sus trabajos para elaborar un informe sobre la discriminación que sufre la comunidad gitana y nombró una ponencia que se encargará de la mendicidad infantil, a propuesta del Grupo Socialista. Todos los grupos parlamentarios apoyaron las tres medidas: sobre malos tratos, discriminación de los gitanos y mendicidad de la población infantil. Tan sólo hubo una objeción del senador socialista Celso Montero, quien protestó porque en el informe de las abogadas figuraba como caso denunciado el de Neus Soldevilla, condenada por haber inducido a sus hijos a matar a su marido.