El Gobierno sandinista confirma la convocatoria de elecciones para 1985 sin precisar la fecha

El Gobierno nicaragüense decretó el pasado domingo que el proceso electoral en Nicaragua se iniciará el 31 de enero del año próximo y culminará con la celebración de comicios en 1985, aunque no especificó ni los detalles de la forma en que éstos tendrán lugar, ni su fecha exacta. El mismo decreto convoca al Consejo de Estado -organismo colegislativo de la Junta de Gobierno- a celebrar sesiones extraordinarias a partir del próximo 4 de enero de 1984.

Un segundo decreto ofrece una amnistía política de la que se excluye a los dirigentes de la guerrilla antisandinista.Ninguno de los dos decretos ha despejado las incógnitas planteadas en torno al proyecto electoral sandinista. En la fase actual de confrontación que vive el país parece insuficiente el anuncio de que el próximo 31 de enero va a iniciarse la campaña para unos comicios cuya modalidad y fecha de celebración se desconoce todavía y es impensable que se logre la paz interna con una amnistía que excluye expresamente a los jefes y cabecillas contrarrevolucionarios".

La única novedad en torno a la cuestión electoral radica en la convocatoria extraordinaria del Consejo de Estado para acelerar la elaboración de la ley. Es difícil saber cómo puede iniciarse un debate preelectoral a partir del último día de enero cuando el país vive todavía bajo un estado de emergencia que impone la censura de Prensa y cancela toda actividad pública de los partidos. La medida parece, más bien un intento de liberarse de la presión externa e interna.

La definición sobre la forma que tendrán las elecciones queda aplazada una vez más hasta el 21 de febrero. Algunas filtraciones apuntan que el Gobierno sería partidario de convocar una asamblea constituyente, lo que le permitiría mantener el control del poder por un período mínimo de un año. Incluso algunos partidos del Frente Patriótico, que forman una alianza con los sandinistas, consideran que el período de provisionalidad política vivido por el país desde la caída de Somoza en 1979, es ya suficientemente largo y no admite más prórrogas. A su juicio, debe irse a unas elecciones generales para elegir una Cámara que tenga al mismo tiempo poder constituyente. Algo similar a lo que ocurrió en España con los comicios de 1977.

Los miembros del grupo Contadora y algunos líderes destacados de la Internacional Socialista han presionado también durante los últimos meses al Gobierno de Managua para que anticipe las fechas de las elecciones. Lejos de eso, el segundo decreto dado a conocer el domingo, reafirma que los nicaragüenses no podrán ejercer el voto hasta 1985.

El decreto de amnistía incluye dos claúsulas que pueden tener algún efecto entre los campesinos que se sumaron a una lucha armada de incierto futuro, tales como la devolución de las tierras ocupadas a quienes abandonaron el país y la entrega de fincas de la reforma agraria a quienes se acojan a este plan. Pero la exclusión de los jefes guerrilleros, categoría por lo demás imprecisa en la que cualquier combatiente puede ser incluido, resta eficacia política a esta medida.

La amnistía decretada tiene los mismos defectos que otras decisiones unilaterales similares, sin ningún éxito, de gobiernos como los de Guatemala y El Salvador, que están en las antípodas políticas.