Boyer afirma que la empresa pública no debe estar obligada a mantener el empleo

El mejor argumento en contra de la empresa pública es la errónea concepción funcionarial de mantenimiento de todos los puestos de trabajo en las mismas a cualquier precio, manifestó ayer Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, en la inauguración de un seminario sobre empresa pública, organizado por la oficina del portavoz del Gobierno. En su intervención, el ministro resaltó los esfuerzos del Estado al destinar un billón de pesetas para reducir 50.000 puestos de trabajo en un limitado número de sectores industriales y aminorar "el doloroso coste social" de la reconversión. Boyer aseguró también que no se van a reordenar las empresas públicas en holding sectoriales y que únicamente se procederá a una cierta reorganización de las empresas del Patrimonio del Estado.

El ministro de Economía, tras exponer su convicción en la empresa pública y en su necesidad dentro de una economía de mercado, se refirió a la evolución histórica de las mismas en nuestro país. Hizo hincapié en los objetivos más complejos de la empresa pública en relación con la privada, que exclusivamente percibe el beneficio, y se refirió a las consecuencias de la crisis económica, de la evolución industrial y de los fuertes aumentos salariales de los últimos años. Causas que explican la pérdida de competitividad de las empresas públicas y el desorbitado crecimiento de las pérdidas, que han pasado de 22.300 millones de pesetas en 1975, a 332..400 millones en 1982 (para este año se preven pérdidas por 378.000 millones).Se ha desacelerado el ritmo de crecimiento de las pérdidas en las empresas públicas en los últimos años, pero es imprescindible reestructurar importantes sectores cuyas pérdidas ponen en peligro no sólo a las empresas que los integran, sino a otros sectores de la economía. Se está destinando a ellos fondos que servirían a otras empresas y sectores para generar empleo. Seguir así no es solución, dijo Boyer, prueba de ello es que se han perdido en España más de 800.000 puestos de trabajo, lo que es una cifra muy superior al desempleo producido en otros países que adoptaron enérgicas medidas de reestructuración industrial.

El ministro precisó que durante estos años de crisis los salarios de las empresas públicas, a pesar del crecimiento exorbitante de sus pérdidas, ha sido superior a los del resto del país (pasaron del 5,1% del producto interior bruto (PIB) en 1975 al 8,5% en 1983). Insistió en la necesidad de redimensionar los sectores en crisis y criticó con dureza la rigidez de algunos sectores y fuerzas sociales para adaptarse a los cambios. Todo ello, y la situación financiera desastrosa que padece en general la empresa pública, explican la actual situación crítica en la que el! total de transferencias del Estado hacia dichas empresas ha pasado de 31.280 millones en 1975 a 333.953 millones en 1983, lo que supone pasar de un 0,5% o un 0,6% del PIB en 1975 a un porcentaje próximo al 2% para 1984 (402.781 millones de pesetas).

Un sector público más eficiente

Boyer dijo que el futuro de la empresa pública pasa por una gestión más parecida a la que se ejerce en las empresas privadas y por una prestación de servicios públicos más eficiente. Insistió en la necesidad de que todos los sectores, incluido el financiero, contribuyan a los costes de la reconversión y aseguró que el Estado posee los instrumentos necesarios para obligar a la banca, si ésta no colabora de buena gana, como está haciendo, a aportar las ayudas necesarias.

El secretario general de Presupuestos y Gasto Público, José Borrel, expuso los distintos baremos por los que se mide la empresa pública dentro de los Presupuestos y la relación entre la misma y el déficit del sector público. Francisco Fernández Ordoñez, presidente del Banco Exterior, hablé del escaso peso e intervencionismo del sector público dentro del sistema financiero español.