El Insalud plantea su intención de revisar el acuerdo que firmó UCD con los farmacéuticos

El Instituto Nacional de la Salud (Insalud) ha planteado al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos la necesidad de revisar el convenio vigente entre ambos organismos, firmado el 31 de julio de 1982 y que entró en vigor el 31 de diciembre del mismo año. El acuerdo prevé el abastecimiento de productos farmaceúticos a la Seguridad Social por valor de un billón de pesetas a lo largo de cinco años. Francesc Raventós, director general del Insalud, ha señalado que el asunto se encuentra en su etapa preliminar.

Raventás explicó que, por tanto, no se puede hablar todavía de los temas concretos sobre los que se va a plantear una revisión, aun que se trata, en palabras de Raventós, de adecuar el convenio a las necesidades actuales". Por otra parte, el Insalud ha denunciado el convenio con la industria farmacéutica, que se encuentra vencido y había sido prorrogado repetidamente. Antes de que finalice el año se habrá efectuado la primera reunión entre representantes del Insalud y de la corporación farmacéutica para iniciar las conversaciones de revisión. El convenio, firmado por el entonces director general del Insalud, José María Fernández Cuevas, estuvo rodeado de una gran polémica, tras las denuncias de que el nuevo texto, con vigencia de cinco años, se había elaborado con prisas injustificadas -ante la posibilidad de un cambio en los responsables de la política sanitaria- y perjudicaba económicamente a la Seguridad Social.

El texto del convenio, cuyo, montante se eleva a un billón de pesetas, no fue hecho público por el Insalud hasta el 7 de septiembre de 1982.

En julio de 1982, el inspector del Insalud Francisco Pulido, que actuaba de asesor del organismo en las negociaciones con el Consejo General, abandonó su puesto, y posteriormente fue expedientado al hacerse público el informe que había remitido al director general del instituto en el que explicaba las razones de su retirada. Estas razones se referían a la necesidad de evitar que prosperaran las propuestas corporativistas sin un análisis adecuado de las mismas.

El 3 de septiembre del mismo año, la secretaría de Acción Social del PSOE hizo pública una nota en la que pedía la publicación del texto completo del convenio, "que conlleva cláusulas contractuales importantes para los precios de los medicamentos, por un montante de un billón de pesetas", y denunciaba el expediente abierto a Pulido, "funcionario de larga ejecutoria ejemplar". La corporación farmacéutica afirmó que el convenio era continuación del anterior, Y que no constituía ningún regalo para los farmacéuticos.