Historia de una propaganda ruinosa

Los medios de comunicación social del Estado que se van a subastar tienen su origen remoto en un decreto del 16 de septiembre de 1936, firmado por el incipiente régimen de Franco que disponía la incautación de bienes y patrimonio de los partidos que integraban el Frente Popular y el traspaso de su propiedad al nuevo Estado, incautación que incluía también a los medios sin adscripción partidista pero que tenían una significación liberal.Terminada la guerra civil se dispuso, en julio de 1940, en una ley específica de creación de la cadena, que estos bienes pasaran al patrimonio de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS. Se incautaban de esta forma las propiedades de todas las "entidades contrarias al Movimiento Nacional". Rotativas, materiales e instalaciones pertenecientes a partidos políticos, organizaciones sindicales, grupos republicanos y liberales pasaron al patrimonio y disfrute del aparato del Estado del 18 de julio que los utilizó como propaganda del sistema durante 40 años.

La cadena de Prensa del Movimiento encajó en la sociedad del franquismo de tal manera que hasta 1970 muchos de estos periódicos eran rentables. Pero a partir de esta fecha, coincidiendo con importantes cambios en la sociedad española, estos medios comienzan a perder dinero. Las dificultades para los 35 periódicos que subsisten poco antes de iniciarse la transición aumentan a partir de la muerte de Franco.

En 1976 las pérdidas de la cadena comienzan a ser alarmantes. En el primer semestre de 1977, la prensa que ha servido de vehículo de expresión a los grandes defensores del régimen alcanza unas pérdidas de 640 millones de pesetas. La mitad de estas pérdidas corresponde al diario Arriba.

El siguiente paso importante hacia la liquidación de estos medios se da en los primeros días de abril de 1977, cuando el Consejo de Ministros decide suprimir la Secretaría General del Movimiento. La cadena cambia de nombre y queda integrada en el organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado.

Mientras que el nuevo régimen democrático salido de las urnas comienza a plantearse el destino de los periódicos de la antigua cadena del Movimiento, y se suceden proyectos de los gobiernos de UCD para que estos medios pasen a manos privadas o proyectos de regionalización presentado por los trabajadores y apoyado por el PSOE, partido que entonces y más tarde se oponía a la privatización, las pérdidas ascienden ya a 3.000 millones de pesetas que corren a cargo de los presupuestos del Estado.

El golpe legal definitivo que encauzó la liquidación de la antigua cadena del Movimiento llegó desde el Congreso de los Diputados, que en un pleno celebrado el 16 de diciembre de 1981 aprobó un proyecto de ley de supresión de estos medios. El PSOE y el PCE anunciaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta medida legislativa.

Cuando el PSOE llegó al poder a finales de este mismo año comenzó los trámites previos para proceder a la pública subasta que como fecha tope tiene, por ley, el 16 de mayo de 1984. La Administración socialista ha ensayado la racionalización de los periódicos que quedan de esta cadena.