Las falacias del cine español

JOSÉ DEL VILLAR, RAMÓN PÉREZ BORDÓ Y ANTONIO RECODEREn la política cinematográfica desarrollada en España durante los últimos 40 años, los presupuestos culturales -el factor cine-cultura- han preponderado notoriamente sobre lo que deberían haber, sido la realidad cinematográfica española: un espectáculo producido por una industria nacional racionalmente estructurada. Este enfoque, hasta ahora inalterado, no constituye un error, sino una constante falacia fomentada por el sector de la producción cinematográfica con el fin de acceder más fácilmente al dinero del Estado, siempre más receptivo hacia los valores culturales, como proyección de su propia imagen, que a los problemas económicos de la pequeña empresa, en este campo concreto representada por más de 1.000 productoras censadas en un registro especial en el Ministerio de Cultura.Estas pequeñas empresas que, salvo media docena de excepciones, no mantienen -una actividad industrial continuada y que carecen de una plantilla fija de trabajadores, disfrazan sus objetivos económicos, legítimos, por otra parte, con ropajes culturales, con el objeto de mejor pedir -y aun exigir- al Estado una protección. económica y la imposición de sus películas en un mercado que denuncian estar manipulado por distribuidores y exhibidores, a quienes juzgan, frecuentemente, responsables de la deserción del espectador a ver su cine.

El Estado, aceptando las reivindicaciones culturalistas de los productores, ha venido otorgándoles un proteccionismo excepcional y único dentro de la actividad industrial de nuestro país: subvención económica, explotación obligada de sus películas y contribución de las extranjeras a dicha subvención, todo a fondo perdido. Tales medidas se vienen aplicando, desde los años cuarenta, con distintos matices y grados de radicalización, sin haber solucionado hasta ahora ninguno de los Problemas crónicos del cine español: falta de calidad competitiva, tanto a nivel nacional como internacional, en el 95% de las películas; su incapacidad de conquista en los mercados interior y exterior; la carencia de una plena aceptación por parte de su público natural, como han logrado en Europa el cine francés, el cine italiano y el cine británico.

Existe actualmente un nuevo proyecto para la protección de la cinematografía española (solamente referido a las empresas de producción, con olvido de las de distribución y exhibición cinematográfica, como ya es habitual), redactado por el Ministerio de Cultura, en el que se propone, además de una generosa, amplia y dirigista financiación estatal de las películas españolas, radicalizar al máximo las medidas proteccionistas tradicionales: imposibilitar el doblaje e imponer al espectador el visionado de tales películas con independencia de su comercialidad; se persigue institucionalizar la lengua española -patrimonio de todos- en monopolio cultural de unos pocos, limitando severamente el derecho del espectador a contemplar el espectáculo cinematográfico en su propio idioma, a diferencia de lo que ocurre en Francia, en Italia o en Alemania; se intenta, en nombre de unos valores culturales supuestamente prioritarios, coartar los intereses económicos legítimos, de libre mercado, de exhibidores y distribuidores, para fomentar los de unas empresas de producción mayoritariamente inestables, descapitalizadas y sin espíritu competitivo, cuyo aventurerismo sólo es posible dentro de un mercado enrarecido por la profusión de medidas intervencionistas erróneas y desfasadas.

Frecuentemente se alega que los males crónicos del cine español provienen del cine extranjero, cuya presencia masiva -y doblada- en el mercado interior ha impedido históricamente su desarrollo. Tales alegaciones carecen de fundamento. En cuanto a las películas extranjeras anualmente importadas y dobladas, los números de los mercados francés, italiano y alemán tienen la lógica coincidencia con los del español: una importación de 325 películas de promedio. En cuanto a la competencia desleal que para la película española representa la extranjera doblada, cabe señalar que ni el doblaje ha impedido el desarrollo de una industria cinematográfica robusta en Italia y Francia ni la explotación de la película extranjera en versión original subtitulada ha posibilitado la creación de una producción nacional contabilizable en los países suramericanos, en donde no se dobla.

Presión de las multinacionales

En un segundo alegato, tan reiterado como inconsciente, se afirma que ni distribuidores ni exhibidores tienen interés en el cine español, repetidamente marginado por la presión de las multinacionales. Sabido es que el sector cinematográfico lo integran, básica mente, tres ramas (producción, distribución y exhibición), que desarrollan misiones concretas: confección de un producto, comer cialización del mismo y su explotación a través de la exhibición. Así, dentro de este concierto, la misión del distribuidor consiste, esencial mente, en coordinar la oferta del productor con la demanda del es pectador, expresada a través de su aceptación de la programación del exhibidor. Consecuentemente, en términos estrictamente comerciales, toda película adecuada a la de manda del espectador es válida, tanto para el distribuidor como para el exhibidor, independiente mente de su origen. Desde esta perspectiva, ambos tienen definido interés en las películas españolas aceptadas por su público natural. Sin embargo, cuando el espectador establece su rechazo, los esfuerzos conjuntos del distribuidor y el exhibidor no pueden rentablemente superarlo. En tales casos, la obligatoriedad de la cuota de pantalla -es decir, la obligación de cubrir un espacio de la misma con cine español- sólo consigue la permanencia en cartelera de una película sin espectadores, lo que redunda en grave detrimento de los intereses legítimos de la empresa de exhibición afectada. El cine español debe ser exhibido como una atracción, no como una imposición; como una industria nacional a nivel interna cional, no como una cultura local subvencionada; como una oferta deseada, no como un espectáculo obligado.Obviamente, las nuevas medidas proteccionistas propuestas por el Ministerio. de Cultura constituyen motivo de grave preocupación por parte de las ramas de exhibición y distribución, de los estudios de doblaje y de otras industrias auxiliares, merecen además la crítica objetiva de amplios colectivos del propio sector de la producción, que critican tanto el dirigismo de la protección económica como su elitismo intrínseco. Sólo un grupo minoritario productores, que se arroga la presentación del cine de calidad de premios y festivales, apoya plenamente el proyecto.

Espíritu de concertación

Finalmente, unos breves apuntes sobre el procedimiento segui, en su elaboración. Tras un intento fallido de promulgar por sorpresa las nuevas medidas elaboradas desde cenáculos impermeables y secretivos, el Ministerio de Cultura se vio forzado a cumplir el mandato legal que impone previa consulta con las asociaciones profesionales para que el Gobierno pueda alterar las cuotas de pantalla y distribución. Teniendo en cuenta que las cuotas reguladas por la ley 3/1980 había sido, básicamente, consensuadas por la totalidad del sector a partir del Congreso Democrático del Cine Español (1978), y por documento suscrito el 31 de julio de 1979, cabía esperar que el Ministerio de Cultura sería congruente con el espíritu de concertación y de autoadministración enunciado en el programa cultural del PSOE para regular la industria cinematográfica.Desgraciadamente, no ha sido así. Independientemente de la aprobación del controvertido proyecto (rechazado primero por la Comisión de Subsecretarios, que consideró que contenía errores técnicos de laboriosa subsanación y por el Consejo de Estado después, por no haber fundamentado su necesidad), ha tenido ya un primer efecto distorsionante: provocar la beligerancia tanto en el mercado nacional como en el internacional. Cabe esperar que instancias superiores apaguen fuego inútiles.