Hay que hacer balance / y 2

A la transición española se ha llegado con la herencia de una parte de su estructura económica, afortunadamente no toda, obsoleta, descapitalizada, no competitiva y, llamando a las cosas por su nombre, de quiebra encubierta, pero de quiebra delictiva y fraudulenta, con culpables y delincuentes con nombres y apellidos, de una muy concreta y determinada área de mercaderes, de especuladores políticos, no de auténticos empresarios. Hay que preguntarse si la recuperación de la tasa de ganancia o de beneficio de este muy determinado grupo financiero e industrial, su posibilidad de reconstrucción, es un problema coyuntural o estructural. Hay que cuestionarse seriamente si cierto y selectivo modelo empresarial tutelado desde él presupuesto político es el acertado o está ya desfasado, y, en consecuencia, si se ha de ir a fórmulas mucho más garantizadas avanzadas, imaginativas, participativas -en suma, más planificadas y democráticas-, o seguimos insistiendo en la protección de la economía patriarcal-dominical y siempre a costa da los salarios, aunque sólo sea porque no es justo que el esfuerzo de la sociedad-Estado -y dentro de ella, de la pequeña y mediana empresa- se colectivice y el posible despegue se privatice y sirva a los intereses egoístas y particulares de los culpables de la estafa nacional que poco a poco se va revelando.

Y hay que preguntarse por qué se deja caer a determinado empresario, sin ayuda a la mediana empresa y al cooperativismo, y se vuelca el presupuesto en la concentración capitalista descarnada.

Hace falta una reconversión capitalizadora, cierto, no capitalista, y una adecuación lógica indispensable entre sacrificio público y control público, entre el interés general y la intervención de la sociedad.

Si se argumenta con la función social de la empresa y con su racionalización para recabar el esfuerzo solidario tanto para la financiación estatal como para hacer soportar al movimiento obrero los costes de la eufemística reconversión, costos bien graves, esa tarea no puede quedar luego en manos de esos fracasados empresarios y corriendo los fondos públicos el riesgo de su muy particular gestión y directriz, de cuya efectividad, por lo ya ocurrido, tiene que dudarse serenamente y de cuya honradez casi no hay vestigios.

Doble lenguaje

No se puede mantener un doble lenguaje y una doble actitud, dejando la programación, la planificación, la participación obrera, la llamada a la corresponsabilidad de organizaciones cívicas y sindicales para los discursos y los mítines, y, llegado el momento de dar trigo, dárselo sin condiciones ni controles a las 200 familias de siempre, con sus estructuras más que desgastadas e inmorales.Diez millones de votos, doscientos dos diputados, ciento sesenta y tantos senadores, el Gobierno de la nación, la responsabilidad de 12 comunidades autónomas y cerca de 40.000 cargos públicos institucionales no ampararían ni justificarían una política de rodillo, de elefante en cacharrería, o el desprecio de los legítimos intereses de todo signo de este variopinto país, por lo que es plausible y exigible un sentido del tacto, de la medida y de la ponderación de toda clase de derechos, siempre y cuando éstos sean derechos respetables y cohonestables con el bien común y no privilegios injustamente adquiridos y pésimamente usados, pero tampoco pueden servir para retroceder, desde los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de centenares de años, en seguridad y fijeza de su empleo, en su derecho a la participación y corresponsabilidad, en el derecho de huelga y de presión, regresando al despido libre, al trabajo flexibilizado a gusto del patrón; en suma, a la edad de piedra del liberalismo laboral.

Toda esa responsabilidad política, cifrada en votos y cargos, es también un no despreciable potencial para hacer cosas y para aclarar y explicar situaciones, para cumplir un programa, y ello permite al elector, al militante, al ciudadano y al opositor decirle al Gobierno que cumpla y que explique, que de verdad haga realidad el cambio, pues ya sólo el explicar es un cambio bien estimable.

En algunos temas, las dificultades que se intuían han tomado ciertamente cuerpo con- mucha más fuerza de lo que era de presumir, y lógicamente obligan a ralentizar. Pues bien, eso también hay que explicárselo al país con nombres y apellidos. Quiénes son los que están detrás de esas actitudes de defensa, a veces mafiosa, de sus derechos adquiridos bajo el palio del Movimiento Nacional. Si no sepuede avanzar, lo menos que el pueblo tiene derecho a saber es quién se lo impide, por muchos que sean los kilovatios, cajas fuertes, estrellas, legajos, cátedras, sacramentos y misiles tras de los que se parapetan sus sabrosos intereses económicos y caciquiles.

Y saber quiénes son los enemigos de la democracia -cuando ésta se llena de contenido hacia la equidad y la justicia- y hace peligrar su tinglado es la primera forma de consolidarla y defenderla.

Prudencia política

Es verdad que la prudencia política impone el no pisar todos los callos al mismo tiempo, pero hasta en la selección de callos a pisar tiene que haber prioridades, y no es muy justificable que, como siempre, los callos paganos que se estén pisando sean los del personal de a pie, y, como siempre también, tengan los pies bien a cubierto los que aún no se han bajado del Mercedes, del presupuesto oficial o del crédito oficial, y que no son precisamente tantos como los trabajadores amenazados con la pérdida de su puesto de trabajo, los que ya lo han perdido o no pueden ni perderlo porque nunca lo han tenido, y que, por descontado, no han votado al PSOE, y digan ahora lo que digan, reciban lo que reciban, sueñan con ver a Fraga en la Moncloa porque ya no pueden tener de nuevo, hecho el milagro, al habitual inquilino de El Pardo, que les facilitaba sus saneados negocios y la evasión cómoda de capitales hacia más prometedoras y seguras dictaduras militares.Si la reconversión política se ha hecho con el pueblo y con exquisito cuidado y consideración hacia todos, con respeto a cosas a veces muy poco respetables, y si la reconversión social se hace con la mirada puesta en ir convenciendo, con tolerancia y con comprensión, hasta a los sostenedores de ideas enemigas del progreso, que la reconversión económica e industrial se haga también con la participación más general de la sociedad, partidos, sindicatos, instituciones locales, y con el control público que garantice la solidaridad de la que nace. Esto a algunos les parece intervencionismo y es, sencillamente, responsabilidad colectiva a través del Estado-sociedad frente a los que del Estado no quieren más que su dinero sin rendir cuentas ni hacer jamás balance.